Cultura bloquea la restitución de obras expoliadas por el franquismo a un alcalde republicano

«La ley de Memoria Democrática reconoce a sus nietos Paquita y Pedro como víctimas y dice que tienen derecho al resarcimiento de los bienes expoliados. Félix Bolaños y Pedro Sánchez les entregaron un documento reconociendo su papel como víctimas 'por razón del exilio e incautaciones'», explica Laura Sánchez Gaona, la abogada que les representa. Ambos son septuagenarios. «Urtasun lo único que dice es que se está haciendo un registro. Todo son declaraciones de intenciones, pero a la hora de la verdad ni se dignan a contestar. Pero luego exponen las obras de Pedro Rico». Para la familia, esto es el colmo: mientras Cultura se resiste a ejecutar las devoluciones de las obras del que fuera alcalde de Madrid, planea mostrarlas en una exposición para el segundo semestre del año... Si se hace, claro, será sin haberlo consultado con los herederos.

Fue en febrero de 2022 cuando los herederos de Pedro Rico y su representante conocieron por primera vez por parte de la Administración Pública que había museos estatales con depósitos irregulares. Una investigación de Arturo Colorado, autor del libro 'Arte, botín de guerra. Expolio y diáspora en la posguerra franquista', cifró en 25 obras las propiedad de Rico que fueron incautadas por la Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico en junio de 1938, cuando el alcalde ya se había exiliado a Francia. A partir de 1941, el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (SDPAN) depositó parte de las obras incautadas en distintas instituciones.

La familia tiene localizados 15 cuadros, con sus expedientes de devolución históricos: dos en el Museo del Prado, uno en el Museo de Bellas Artes de Valencia, cinco en el Museo Casa de Colón, dos en el Museo de Bellas Artes de Asturias, uno en el Museo del Traje, uno en el Museo de Málaga y uno en el Museo Nacional del Romanticismo, y dos pendientes de comprobación. El precio estimado de cada uno oscila entre los 5.000 y los 50.000 euros. Muchos ni siquiera están a la vista. Al menos otros diez cuadros fueron depositados por el SDPAN en museos estatales y desaparecieron bajo su custodia. Cinco de las seis obras depositadas en Valencia están en paradero desconocido, y dos del Museo Prado están en la misma situación.

«En marzo de 2023 nos dirigimos con requerimientos a todas las instituciones depositarias, y en paralelo teníamos también una interlocución y reuniones directas con la Dirección General de Bellas Artes», explica Sánchez Gaona. De manera oficial, solo contestó el Museo Casa de Colón, en Las Palmas de Gran Canaria, con la apertura de un expediente de restitución material. En dicho informe, el Cabildo de Gran Canaria reconocía que esos cinco cuadros reclamados fueron incautados a Rico y que sus herederos están «legitimados para el ejercicio de la acción de restitución, siendo así que se ha interpuesto en tiempo y forma». Rico, y en consecuencia sus nietos, nunca perdió la propiedad de los cuadros: «La Administración General del Estado y el Cabildo de Gran Canaria han sido meros depositarios 'de facto' de aquellos».

Con estos argumentos, fundamentados en la ley de Memoria Democrática de 2022, la ley de Patrimonio Histórico y en normativa autonómica, el Cabildo de Gran Canaria determina que «tiene facultad para proceder a la restitución material de los cuadros a sus legítimos dueños/as». Eso sí, se indica que la devolución debe venir refrendada por un informe favorable de la Abogacía del Estado. Esta resolución es de octubre de 2023; desde entonces, no ha habido ninguna novedad. «Ese expediente está suspendido desde ese momento. El Ministerio de Cultura no se ha pronunciado ni en un sentido ni en el otro. Tampoco ha actuado en ningún momento como titular de esos depósitos. Canarias no ha recibido ningún tipo de 'feedback' sobre el supuesto informe de la Abogacía del Estado ni sobre la competencia para resolver. Simplemente, es un bloqueo», denuncia la abogada de los Rico.

Asturias debería ser un caso similar al de Gran Canaria. Hay dos obras localizadas en el Museo de Bellas Artes de Asturias. «También es un museo de titularidad autonómica e iniciaron su propia investigación adelantándose a la ley de Memoria Democrática. Se concienciaron mucho y, de hecho, hasta tenían restaurados los cuadros porque pretendían devolverlos a los herederos de Pedro Rico. Nos los estuvieron enseñando allí, y el director dijo que tenían intención de hacer una restitución directa, pero que se tenía que aprobar. A nivel autonómico iba muy bien, pero cuando se metió por medio el Ministerio de Cultura...». El Ejecutivo sostiene que es competencia estatal con el argumento de que son depósitos del Museo del Prado. Los herederos replican que esos depósitos son irregulares.

Entre las instituciones que no han respondido de manera oficial a la petición de restitución de los herederos de Pedro Rico figura el Museo del Prado, que tiene en los almacenes del depósito los cuadros 'Escena de majos y celestina' y 'Asalto a la diligencia', atribuidos a Eugenio Lucas Villaamil. Fuentes del museo comentan a ABC que la competencia de restituir o no una obra le corresponde al Ministerio de Cultura, y por ese motivo trasladaron la petición al Gobierno. La institución sí recibió a los herederos, les enseñó los cuadros y el director, Miguel Falomir, ha manifestado que su voluntad es la de «no tener nada que no esté de forma legal». Una investigación interna cifró en 70 el número de obras en sus fondos procedentes de incautaciones.

Sánchez Gaona entiende que el resto de museos contactados han elevado también a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes la solicitud de los herederos de Pedro Rico. Dicha dirección le envió una carta a la abogada de la familia a principios de año en la que decía ser consciente de la importancia de actuar con celeridad: «Se continúa con la labor de búsqueda de documentación que nos permita, en su caso, identificar todos los bienes incautados», dice Patrimonio, que supedita además cualquier actuación del ministerio al desarrollo normativo posterior previsto en la ley de Memoria Democrática de octubre de 2022.

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Ese reglamento, responde la abogada de los Rico, debería haberse aprobado a los seis meses de la publicación de la ley. «No lo han aprobado a propósito», dice Sánchez Gaona. «El servicio de museos canario ha superado este escollo acogiéndose a otros reglamentos anteriores que habían resuelto cuestiones sobre reclamaciones por particulares de documentos de la Guerra Civil. Si se quiere, se hace. Nuestra opinión legal es que, al margen de la ley de Memoria Democrática, se puede solucionar por la vía civil, mediante el levantamiento de los depósitos provisionales que se constituyeron conforme a la ley de 1933, prevalente sobre cualquier decreto franquista». En esa carta, Cultura se complacía también en anunciar a los Rico «el futuro proyecto expositivo que verá la luz en el segundo semestre de 2024».

«No sabemos cuál es la verdadera intención política que tienen con esta exposición», comenta Sánchez Gaona. «Las reclamaciones son de marzo de 2023. Hemos tenido una paciencia infinita y ahora la familia está completamente desmoralizada con este tema porque, claro, se sienten engañados. No entendemos tanto impulso por parte del Gobierno, con la ley, con los informes del Prado... No entendemos por qué todo esto si luego a la hora de la verdad ni siquiera se da el paso de aprobar el reglamento o la auditoría en el plazo indicado». Ni el Ministerio de Cultura ni el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática han respondido a las preguntas de este diario.