El Congreso aprueba los incentivos al mecenazgo pese al nuevo desencuentro entre PSOE y Podemos

En su intervención ante la Comisión de Hacienda y Función Pública, que se ha reunido hoy con competencia legislativa plena, el diputado de Podemos Txema Guijarro ha dicho que su grupo no está de acuerdo con que la Iglesia Ortodoxa, la Unión Budista, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) y los Testigos de Jehová puedan quedar exentos de pagar el IBI en los edificios destinados al culto y otros impuestos como el de sociedades. «Nos parece difícil de comprender las exenciones que tienen que ver con los lugares de culto –ha dicho–. Muchos pensamos que un lugar de culto no es un servicio a la comunidad: es un acto privado sin que tenga que interceder el Estado».

Antes de esta intervención, el coportavoz de la Ejecutiva de Podemos y secretario tercero del Congreso de los Diputados, Javier Sánchez Serna, abundó en las críticas expresadas ayer por el portavoz Pablo Echenique. «La propuesta del Partido Socialista de extender los privilegios fiscales de la Iglesia Católica al resto de confesiones nos parece un grave error –ha declarado Sánchez Serna–. La propuesta de las fuerzas de izquierdas siempre había sido eliminar esos privilegios de la Iglesia Católica, no extenderlos al resto de las confesiones. No entendemos este paso atrás que da hoy el Partido Socialista votando con el Partido Popular». El PP sí ha votado a favor, pero no Vox, que igual que Cs se ha opuesto a la enmienda.

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Al margen de la polémica suscitada por esta transaccional, los partidos han coincidido en la necesidad de reformar la ley 49/2002, lo más parecido que hay a una ley de Mecenazgo en el ordenamiento jurídico español. Todos salvo Vox, que se ha abstenido, han votado a favor de la proposición de ley presentada por el PdCAT en diciembre de 2020, y que se había ido dilatando a lo largo de la legislatura por el bloqueo del gobierno. El jefe del Ejecutivo, igual que los ministerios de Cultura y Hacienda, se comprometió a aprobar una ley de Mecenazgo, pero esta ambiciosa promesa, tan reclamada por el tercer sector, se ha quedado finalmente en la reforma de una veintena de artículos para incentivar el mecenazgo con algunas exenciones fiscales.

El nuevo texto pretende estimular el micromecenazgo, al incrementar los porcentajes de deducción. En el caso de las personas físicas, se eleva de 150 euros a 250 euros la base sobre la que se puede deducir el 80 por ciento en el IRPF. Es decir, si a un ciudadano que aportaba 150 euros a una ONG le costaba en realidad 30, ahora podrá elevar su aportación a 250 con un coste real de 20 euros más. En el caso de personas jurídicas, las deducciones en el Impuesto de Sociedades pasan del 35 al 40 por ciento. En ambos casos, para premiar el mecenazgo sostenido, la deducción aumenta al 45 por ciento en el caso de personas físicas y al 50 por ciento para las personas jurídicas (ambos ahora al 40 por ciento) si, en los dos años anteriores, se ha realizado la donación a la misma entidad al menos por el mismo importe.

La proposición de ley también actualizará el concepto de donativos y donaciones, incorporando las donaciones de servicios: asesoramientos jurídicos, proyectos de rehabilitación arquitectónica, espacios de publicidad en medios de comunicación... Otra novedad: se incluye el denominado mecenazgo de reconocimiento o recompensa. Los mecenas que aporten dinero a festivales o eventos culturales podrán recibir entradas como agradecimiento, siempre y cuando esta contraprestación no supere el 15 por ciento del valor de la donación y con un tope máximo de 25.000 euros.

Sergi Miquel, el diputado del PdCAT que ha impulsado esta reforma, ha reconocido en su intervención que su punto de partido era más ambicioso, pero aun así este es un acuerdo satisfactorio. Tras la aprobación en 2002 de la ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, esta no ha sufrido modificaciones de calado, con la salvedad de la del PP en 2015. A falta de una verdadera ley de Mecenazgo, como reclama el sector, Miquel ha afirmado que el nuevo texto «permite una interacción entre los sectores públicos y privados, entidades y sectores que son clave para el funcionamiento de un país». Desde el Grupo Parlamentario Socialista, el diputado Miguel Ángel González ha asegurado que la actual normativa está «sobrepasada por los cambios tecnológicos y sociales» de los últimos veinte años.

PP, Vox y Ciudadanos han coincidido en que les habría gustado una ley más ambiciosa. «Respaldamos esta iniciativa, pero desde luego quedan muy lejos de lo que podría ser una revisión más amplia del conjunto de la legislación», ha dicho Gabriel Elorriaga, del PP. «Nosotros comprendemos el esfuerzo que se ha intentado hacer con esta ley, pero nos hubiera gustado algo un poquito más ambicioso», ha señalado el diputado de Vox Rubén Manso. Guillermo Díaz, de Ciudadanos, ha lamentado que el Gobierno haya sacado «la podadora». Txema Guijarro, de Podemos, ha calificado de «buena revisión» la planteada por esta iniciativa, poniendo el foco en «actividades que no interesan al sector privado, que efectivamente busca una maximización del beneficio, o actividades que el Estado no tiene la capacidad de realizar».

La Asociación Española de Fundaciones (AEF), la Coordinadora Catalana de Fundaciones, la Asociación Española de Fundraising y la Fundació Catalunya Cultura han difundido una nota de prensa celebrando este acuerdo, «un claro avance que reconoce e incentiva el esfuerzo y el compromiso de la sociedad civil con la filantropía», pero aún poco ambicioso. «Queda camino por recorrer», aseguran. La reforma aprobada hoy será ahora remitida al Senado, y si obtiene allí respaldo entrará en vigor el 1 de enero de 2024.