Empresas ajenas al Tren Turístico del Guadiato facturaron por el proyecto
La actual alcaldesa de Peñarroya denunció que sólo la Compañía General de Ferrocarriles y el Centro de Estudios eran las únicas firmas adjudicatarias
La denominada «Operación Rocket», que investiga presuntas irregularidades en la gestión de subvenciones por parte del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, sobre todo, relativas a los fondos Miner en la etapa de 2007 a 2011 (al menos una docena de proyectos entre los que destacó en un primer momento el Tren Turístico del Guadiato) sigue tirando del hilo.
La causa, en la que, por el momento, hay diez imputados y están acusados de delitos de fraude, contra la Administración Pública y falsedad documental la exalcaldesa socialista de la localidad, Luisa Ruiz, y dos empresarios catalanes, indaga también el presunto cobro al Consistorio peñarriblense de trabajos para el Tren Turístico por parte de sociedades ajenas al proyecto.
Así lo puso de manifiesto la actual regidora de la localidad, la popular María Gil, en la denuncia que presentó ante la Guardia Civil, y a la que ha tenido acceso este periódico, hace justo un año. De este modo, según Gil, «han facturado al Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo por esta iniciativa [Tren Turístico] sociedades que no eran las encargadas del proyecto ni las adjudicatarias [para la realización de ningún trabajo al respecto]». Así, las únicas autorizadas como contratistas a facturar son la Compañía General de Ferrocarriles Turísticos y el Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril Español (Cehfe), en base al convenio suscrito en su día con el Consistorio.
Ésta es una de las múltiples ramificaciones de las pesquisas del caso, cuyo eje principal sigue la pista a 1,4 millones de euros en ayudas de los Miner que el Consistorio de Peñarroya, con Luisa Ruiz al frente, percibió para la primera fase del Tren Turístico, pero que no se llegó a culminar.
En concreto, existen unos documentos que, supuestamente, acreditan la finalización de las tareas de restauración de tres locomotoras para el proyecto, pero una de ellas no ha sido reparada y las otras dos podrían encontrarse en paradero desconocido.
Resulta significativo que dichos documentos habían sido borrados de ordenadores municipales y de un disco duro que estaba en poder de la exregidora, aunque, finalmente, pudieron ser recuperados.
Otra cuestión que la regidora puso de manifiesto en su denuncia fue que el 30 de marzo de 2012, el Cehfe remitió al Ayuntamiento dos facturas por 12.921 euros cada una, «por la estancia de [...] una góndola ferroviaria en sus instalaciones de Martorell durante 2010 y 2011, sin que exista en este Consistorio documento alguno que acredite la titularidad de ningún vehículo de ese tipo».
Fondos del GDR
Ante ello, el Ayuntamiento de la localidad del Guadiato se negó a pagar y la compañía envió el 23 el abril de 2012 un nuevo escrito en el que se hacía referencia a la adquisición de la góndola por 18.270 euros, «constando este extremo en documento notarial». Sin embargo, según Gil, «no existe constancia de escritura de compra-venta ante notario por parte del Ayuntamiento».
La cuarta línea de investigación abierta indaga la adquisición por parte del Consistorio al Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril Español (Cehfe) de un vagón restaurante sin pasar antes por Pleno municipal y, supuestamente, con fondos del Grupo de Desarrollo Rural de la comarca «obtenidos de manera engañosa».
Y es que, según puso de manifiesto la también senadora del PP María Gil en su denuncia, dicho vagón fue comprado para ser utilizado en el proyecto del Tren Turístico, si bien la ayuda que se pidió al Grupo de Desarrollo Rural se refería a fines museísticos.
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