Nuevas medidas fiscales y tributarias Una Cámara de Cuentas sustituirá a la Sindicatura que eliminó Cospedal
Una nueva medida del Gobierno de García-Page que, de alguna manera, viene a restablecer una de las instituciones que suprimió la expresidenta María Dolores de Cospedal en cuanto llegó a la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Sindicatura de Cuentas. Lo anunció ayer el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina: una de las iniciativas legislativas que prepara su cartera, bajo el nombre de Ley de Auditoría de Castilla-La Macha, —y que se presentará en el Parlamento regional «en los próximos meses»—, será la creación de una Cámara de Cuentas, en sustitución de la extinta Sindicatura de Cuentas.
Responde la creación de este nuevo órgano al deseo del hoy presidente regional, Emiliano García-Page, de que la Junta de Comunidades cuente con un «órgano de control externo», y de paso «se subsana la decisión de suprimir la Sindicatura de Cuentas», dijo el consejero de Hacienda ayer durante su comparecencia ante los grupos parlamentarios en la Comisión de Hacienda de las Cortes. Opina el consejero que «lo que había detrás de esa decisión era temor por parte de Cospedal a la fiscalización externa rigurosa. Está claro que esta fiscalización conllevará un más férreo control del sector público regional», subrayó.
Leyes de Hacienda y Patrimonio
Ruiz Molina se refirió a otra de las iniciativas legislativas que tiene en mente, como la ley de Hacienda, «que hará una adaptación a la regulación en materia de estabilidad presupuestaria y reunificará las regulaciones de la actual ley». La norma incluirá un nuevo decreto de estructura de competencias de la Administración regional «para aumentar el control financiero». «Se mejorará el control financiero para que todas las empresas públicas estén más controladas y de forma más profunda», explicó.
La ley de Patrimonio será otra iniciativa «necesaria» ya que la anterior regulación al respecto «es del año 85», y pretenderá «garantizar una adecuada gestión de bienes públicos». También anunció el consejero una revisión de la ley de tasas para eliminar las que son «injustas e ineficaces» y de los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones y el tramo autonómico del IRPF.
Recuperar derechos perdidos
Así, con el objetivo de redistribuir la carga tributaria para que paguen menos los que menos tienen, se revisarán los tributos y las tasas, sobre todo aquellas relacionadas con la dependencia por ser socialmente injustas, al tiempo que se aumentarán los ingresos mediante la ejecución de expedientes que están sin resolver.
En el área de función pública, se negociará un acuerdo con los sindicatos, dentro de las posibilidades presupuestarias, para la recuperación de derechos perdidos, como la paga extraordinaria de diciembre de 2012, la recuperación del 3 % del salario, la supresión de las rebajas salariales por incapacidad temporal y se recuperará la jornada de 35 horas semanales.
El consejero también anunció que se aprobarán de forma anual ofertas de empleo público y la previsión es que a mediados del año próximo ya se pueda presentar una. La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas impulsará siete leyes nuevas a lo largo de la legislatura y citó una nueva ley de hacienda, una de contratos del sector público y otra del patrimonio de la Junta, un proyecto de ley del régimen local y de cooperación municipal, y una ley de auditoría pública ciudadana con la creación posterior de una Cámara de Cuentas. Las siete novedades legislativas son parte de las 46 medidas que va a impulsar esta Consejería durante los próximos cuatro años.
Presupuestos de la Junta
En cuanto a los presupuestos de la Junta para 2016, el consejero explicó que ya los están elaborando y que incluirán los planes de choque de recuperación económica y social que se están negociando con los agentes sociales. No obstante, Ruiz Molina dijo que primero hay que tener un diagnóstico preciso de las necesidades de la región y de la situación financiera de la Junta que, recordó, es preocupante porque hay que partir de un déficit previsto para fin de año del 1,7 % del PIB cuando el objetivo es del 0,7.
El proyecto de presupuesto, además, habrá de tener en cuenta el nuevo sistema de financiación autonómica que se empezará a negociar a finales de mes, para lo que pidió el apoyo de los grupos políticos con vistas a poder contar con un nuevo modelo que garantice suficientes recursos para financiar los servicios públicos de forma adecuada. En cualquier caso, aseguró que las cuentas del año que viene tienen especial significación porque serán el inicio del proceso de desarrollo y de crecimiento económico.
En el área de Protección Ciudadana, Ruiz Molina anunció una renovación de la plataforma tecnológica del servicio de urgencias y emergencias 112 y una actualización del plan territorial de emergencia (Platecam).
La portavoz de este área del grupo parlamentario popular, Ana Guarinos, manifestó su desacuerdo con la recuperación de impuestos como el de sucesiones y donaciones, por ser «injusto», y añadió que dejaría a Castilla-La Mancha en una situación distinta a la de otras Comunidades autónomas.
Guarinos defendió la gestión económica «insuperable» del anterior gobierno del PP, frente al «derroche y despilfarro» con que ya está actuando el nuevo ejecutivo socialista al que reprochó que no ponga dinero para la central de Elcogas amenazada de cierre y, sin embargo, anuncie una oficina en Bruselas o recuperar la Sindicatura de Cuentas.
La portavoz del grupo socialista, Blanca Fernández, destacó que se vayan a rescatar los servicios públicos de calidad y reconstruir el estado del bienestar y el empleo, y ha destacado que el presidente regional está «demostrando que se puede hacer».
Por su parte, el portavoz de Podemos, David Llorente, recordó al Gobierno los acuerdos de investidura referentes a la realización de una auditoría pública ciudadana de la deuda de la región y la recuperación de los servicios privatizados o externalizados, así como del empleo público.
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