ABC MADRID 06-09-2021 página 65

Ricardo Bravo ha estado ocho años entre okupas en su bloque de viviendas. Abajo, los desperfectos // GUILLERMO NAVARRO El 18 de septiembre, a las 12.00, los afectados por la lacra de la okupación tienen una cita: la concentración convocada por Levantiocupas en la plaza de las Cortes. Han redactado un manifiesto de adhesión «con motivo del grave problema que la sociedad española viene padeciendo desde hace varias décadas y que en los últimos años se ha intensificado de manera exponencial, generando enormes perjuicios sobre sus ciudadanos, sin que los poderes legislativo y ejecutivo hayan mostrado su menor voluntad en atajar». Piden un cambio en la legislación «que restituya el derecho a la propiedad privada». Animan al tejido asociativo vecinal a unirse a la protesta. Los afectados protestarán ante el Congreso el día 18 El resto de vecinos, a los que tardaban llegar los recibos de la entidad, dejaron de pagar. « Al año siguiente, llegó todo de golpe, una cantidad exorbitada, y la primera pareja okupa. A partir de ahí, empiezan a abrir las puertas, con gente de su clan. Les vendían la llave a 800 euros, y luego a 1.500. Se llenó entero el edificio de gente, alguna de la Cañada Real», explica. « La mayoría de los fondos de inversión y bancos ya no denuncian, porque es más barato darles dinero a los okupas para que se vayan. Estamos hablando de 3.500 y 6.000 euros», añade. Ricardo llegó a recoger 83.000 firmas a través de la plataforma Change.org y ahora se van a manifestar ante el Congreso de los Diputados el 18 de septiembre. Amenazas de muerte Su edificio ha estado tomado hasta el pasado abril. En esas ocho viviendas, asegura, ha habido 26 reokupaciones en estos ocho años. Ahora quedan tres pisos usurpados y otro en alquiler social por parte de un fondo de inversión, que, tras el primer juicio, «metió a un vigilante de seguridad y se han ido recuperando casas». La situación en el vecindario es ahora más tranquila, «pero el edificio está hecho una pena, parece una cárcel, con todo destrozado». Y se queda corto: una lavadora abandonada en medio del descansillo, cuadros de luces arrancados y con los cables a la vista, colchones amontonados sobre la pared y mucha porquería. Ni que decir tiene que este activista contra una de las lacras que asuelan multitud de barrios ha recibido muchísimas amenazas de muerte. Desde la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda cuantifican en la actualidad 2. 017 viviendas usurpadas. Dos más que hace un mes. Sobre la casuística en las privadas, se calcula que son otras 2.000. Cristina López era conocida como la estanquera de Lavapiés. Aunque se formó como trabajadora social, le gustaba estar de cara al público. Y en ese barrio estaba hace cinco años cuando salió a por un café para su padre y una furgoneta dio marcha atrás y se la llevó por delante. Le diagnosticaron neuralgia del trigémino, dolencia crónica que requiere un tratamiento farmacológico muy fuerte, en el que no falta la morfina. « Me dijeron que tenía que estar controlada sobre todo de noche, para que no me diera un infarto. Así que tuve que irme con mi hijo a casa de mis padres. Alquilamos mi casa, en el bloque de al lado de mis padres, en Mirasierra, a una pareja y su hija, durante los tres años que duró el contrato. Pero él la abandonó y a ella le quitaron a la niña porque le dio una paliza», explica, bastante angustiada. Terminó el contrato en agosto de 2019 y Cristina le dijo que se tenía que marchar, porque necesitaba su vivienda. La respuesta fue: « Ni me marcho ni te pago. No tengo a donde ir y no me voy a marchar debajo de un puente ni a mi coche, con lo bien que estoy en la urbanización». Se trata de un piso de unos 75 metros cuadrados, con piscina comunitaria, zonas ajardinadas y vigilante. « Me zarandeó y escupió» Cristina la denunció, pero todo ha ido a peor. Padece fotofobia, a raíz de la dolencia neurológica, así que se obliga a salir a la calle de noche con su perro. « Un día, escuché que alguien me llamaba. Era ella. Tuvo la poca vergüenza de saludarme. Venía de compras, acompañada de un chico, cargada de bolsas de tiendas de la calle de Serrano. Al llamarla okupa, me zarandeó y me escupió. Intentó pegarme, pero lo evitaron los guardias de seguridad». A finales de 2019, ella y su hijo tuvieron que irse a la casa de la sierra con sus padres, «por miedo a una paliza». « Ella no se dedica a nada. Los vecinos se quejan porque no paran de subir muchos hombres al piso. No quiero ni pensar en qué condiciones está. Dice que ya ha trabajado muchísimo en su vida y que no piensa pagar más. Mi madre, de 78 años, intentó mediar ofreciéndole pagarle la mudanza y, además, un incentivo económico para que se marchara. Pero dijo que no quería dinero porque no es una okupa y que quiere quedarse en mi casa», rememora. « De hipoteca pago 1.140 euros al mes, más agua y luz (otros 100 o 150), la comunidad (300) y el IBI. Tengo una placa en el cerebro y una batería en el pecho con electrodos, para los dolores. Estoy amenazada. No me puedo defender, tengo que estar calladita. Es una impotencia total. No cobro nada. Vivo con la pensión de mis padres, que se han endeudado hasta las trancas. Es durísimo. Tenía mi negocio e independencia económica», dice. Esta semana puede salir la sentencia. Pedirá que se ejecute cuanto antes. Son las dos de la tarde y Cristina López sale de la consulta del psiquiatra: « No veas el lote de llorar que me he dado. Espero que este infierno se acabe ya». 4.017 Es el cálculo del número de okupaciones a fecha de hoy en la Comunidad de Madrid, la mitad de ellas de titularidad pública. 80% Ocho de cada diez viviendas usurpadas están en manos de mafias, y el resto se corresponde a personas vulnerables, según los administradores de fincas. 6.000 Hasta esta cantidad ofrecen los fondos de inversión que tienen a okupas en sus activos para que abandonen los pisos. LA PLAGA DE LA OKUPACIÓN, EN CIFRAS MADRID 65 ABC LUNES, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 k