ABC MADRID 06-09-2021 página 64

CARLOS HIDALGO MADRID Es viernes por la mañana y Cristina López tiene cita a la una menos cuarto en la Unidad de Psiquiatría del Gregorio Marañón. Lleva años acudiendo regularmente a terapia, a raíz de una enfermedad que la ha dejado con un 58 por ciento de discapacidad; pero también por el litigio con una mujer que se metió hace cinco años a su piso de Mirasierra y que lleva desde 2019 sin pagar ni un solo euro del alquiler ni de los gastos que conlleva una vivienda. Cristina está arruinada. Solo en la renta, le debe más de 25. 000 euros, sin contar las facturas del agua, la luz y los 300 euros que cuesta la comunidad. Son más de 1.500 euros los que la víctima de esta usurpación paga al mes entre hipoteca y suministros. Su hijo ha tenido que dejar la universidad, porque no tienen cómo pagarla «está buscando trabajo como un loco» y ella piensa en el suicidio. Este es solo un ejemplo de las consecuencias de la llamada inquiokupación: personas que arriendan una vivienda y dejan luego de pagar o incluso quienes se inventan un contrato de alquiler para justificar que viven por la cara en casa ajena. Un fenómeno que está incrementándose en los últimos tiempos. El nuevo protocolo de la Fiscalía General del Estado, «que da más armas para que la Policía actúe directamente, ha supuesto un menor número de allanamientos, pero estos han derivado en lo que llamamos inquiokupación», explica Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación. Cuentan con 1.300 asociados, «de los que la inquiokupación supone el 70-80 por ciento de los casos directos». Se ha convertido el allanamiento en inquiokupación. Asegura que no hay cifras oficiales porque esta realidad no entra en las estadísticas de okupaciones que manejan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la Fiscalía General del Estado ni ningún otro organismo. Una práctica, además, que mayoritariamente la realizan personas no necesitadas: « Nos guiamos por datos de los administradores de fincas, que dicen que el 80 por ciento son mafias, y solo el resto gente vulnerable», añade. Vivir solo entre okupas El propio Bravo es víctima de okupas, pero desde un punto de vista indirecto: llegó a ser el único inquilino legal en un edificio con todas sus viviendas usurpadas. Compró su piso en la calle de los Hacheros, en Vallecas, en 2010. Tres años después, la inmobiliaria de la promoción, de nueve pisos, quebró y la propiedad pasó al banco. Alerta vecinal por el incremento de las inquiokupaciones Aumentan los casos de personas que se niegan a seguir pagando la renta a sus caseros, aunque estos episodios no están reflejados en las estadísticas. Cristina, una de las afectadas, está en la ruina y en tratamiento contra el suicidio Cristina López, el viernes, tras salir de la consulta de su psiquiatra en el hospital Gregorio Marañón // GUILLERMO NAVARRO 64 MADRID LUNES, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 ABC k