ABC MADRID 10-05-2013 página 75
- EdiciónABC, MADRID
- Página75
- Fecha de publicación10/05/2013
- ID0006214834
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ABC VIERNES, 10 DE MAYO DE 2013 abc. es madrid MADRID 75 Un correo delator... y un pacto con APRA Un correo demuestra que abogados del entorno de Gumpert podrían usar en beneficio propio el sistema de arbitrajes del ICAM. A la izquierda, el acuerdo que la decana firmó con APRA ña comienzan a surgir las dudas sobre la utilidad que el ICAM está haciendo del sistema de arbitrajes, que suelen genera pingües ingresos de hasta 200.000 euros por arbitraje a sus beneficiarios Las sospechas se han centrado en Javier Íscar, miembro de la máxima confianza de Gumpert en el Colegio, que se ha integrado en su comisión de arbitraje y mediación y que, además, se dedica profesionalmente a explotar económicamente el negocio arbitral ya que posee una corte arbitral propia como secretario general de la Asociación Europea de Arbitraje (AEADE) Actuación inaceptable Fuentes del sector consideran inaceptable a todas luces esta situación ya que junto a Aeade concurren en Madrid otras muchas cortes arbitrales privadas como la CIMA, el Club Español de Arbitraje etc... Todas ella se quejan ahora porque dicen que están sufriendo competencia desleal por parte de otra corte competidora. Según unos correos electrónicos a los que ha tenido acceso ABC, el propio Íscar se ha dirigido, en su calidad de diputado del Colegio, a un abogado de una gran firma multinacional privada para decirle que está pensando incluirle en una Comisión arbitral del ICAM, lo que siempre es importante para cualquier abogado, su fondo Cuatro meses en el punto de mira Ganó las elecciones en diciembre, pero no tomó posesión en el cargo hasta el 15 de enero. Desde entonces, el mandato de Gumpert siempre ha estado bajo sospecha. de comercio y sobre todo para su prestigio profesional. En dichos correos, Iscar le solicita al abogado en cuestión que incluya en los contratos que redacten en su firma una cláusula de sumisión a AEADE, en vez de remitirse a la cláusula arbitral de la corte de arbitraje del propio Colegio de Abogados de Madrid. AEADE con ello cobraría honorarios de administración por los arbitrajes que recibiría y gestionaría de esta firma multinacional. En el correo se puede apreciar además cómo el diputado del ICAM propone un nombramiento para el receptor y después en el mismo texto se le pide un favor que nada tiene que ver con el Colegio, sino tan solo con el beneficio de AEADE. Por todos es sabido que el Colegio de Abogados de Madrid es una corporación de servicio público y como quiera que el artículo 4.o de sus estatutos prevé entre sus fines realizar funciones de arbitraje. Fuentes consultadas por este periódico apuntan que Íscar, al ofertar los servicios de arbitraje de su asociación, incurre en claro conflicto de intereses con el Colegio y en detrimento de éste, pues priva a la Corporación, en beneficio de sus intereses particulares y aprovechándose de su condición de diputado, de las funciones o fines estatutarios reseñados, por los que debería velar en atención precisamente a su condición de miembro de la Junta de Gobierno.