ABC MADRID 01-12-1992 página 28

28 ABC NACIONAL MARTES 1- 12- 92 Aznar convoca el Congreso Nacional del PP para la primera semana de febrero El Partido Popular pretende consolidarse como una fuerza de gobierno Madrid. José Antonio Sánchez El Partido Popular celebrará su XI Congreso Nacional en Madrid, durante los días 5, 6 y 7 del próximo mes de febrero. Así lo acordó ayer la Junta Directiva Nacional del PP a propuesta de su presidente, José María Aznar. De esta forma, se cumple lo dispuesto en los Estatutos del partido de celebrar congresos cada tres años. Éste servirá, además, para proclamar a José María Aznar como candidato a la presidencia del Gobierno. El Congreso Nacional del PP, de cuya organización será responsable el diputado Rodolfo Martín Villa, contará con 2.800 compromisarios. De estos, 300 son natos y los 2.500 restantes electivos Cada provincia contará con un mínimo de 6 compromisarios, siendo la elección por afiliación (el 75 por 100) y por los resultados de las elecciones últimas (el 25 por 100) Todos los compromisarios estarán elegidos antes del próximo día 20. Si el anterior Congreso de Sevilla fue el de la apertura al centro, Aznar quiere que el Congreso de Madrid consolide al partido como una auténtica fuerza de gobierno. En su discurso ante la Junta Nacional, el más aplaudido desde que ocupa la presidencia del partido, José María Aznar expuso cuatro preocupaciones. En primer lugar, se refirió al deterioro institucional, haciendo especial hincapié en el desprestigio de la Fiscalía General del Estado. También hizo referencia el presidente nacional del partido al Tribunal de Cuentas y al Consejo General del Poder Judicial. En este sentido, se ha acordado celebrar en la segunda quincena del mes de enero unas jornadas en las que participen personalidades independientes y de prestigio que analicen detenidamente la situación. Otro de los problemas abordados por Aznar se refiere al deterioro ético llegando a acusar de cinismo al presidente del Gobierno, Felipe González, quien recientemente lamentó que otros intenten judicializar la política, cuando fue él- recordó Aznar- el que dijo que no se podía acusar a nadie hasta que no se hayan pronunciado los Tribunales de Justicia. El presidente del PP hizo un llamamiento a los cargos del partido para que luchen contra la corrupción. José María Aznar convoca a personalidades independientes para analizar el desprestigio en que han caído la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Cuentas y el Consejo del Poder Judicial secretario general del PP, Francisco Alvarez- Cascos; y otra sobre reforma de los Estatutos del Partido, que defenderá Federico Trillo. Según ha podido saber este periódico, con la reforma de los Estatutos se pretende fijar las incompatibilidades de los cargos públicos del partido. Con esta decisión de celebrar el XI Congreso del PP, José María Aznar quiere mantener la iniciativa política del partido y que el acto transcurra con normalidad. Hay que tener en cuenta que este Congreso correspondería celebrarse en el mes de abril, pero se ha optado por adelantarlo en previsión de que el presidente del Gobierno convoque elecciones generales. No obstante, el presidente del Partido Popular está facultado para disolver el período precongresual en el supuesto de un adelantamiento de los comicios generales. Es decir, si la convocatoria de elecciones coinciden econ el periodo de preparación del Congreso, éste quedaría aplazado. Por el contrario, si las elecciones generales tienen lugar en la próxima primavera, el XI Congreso Nacional del PP habrá servido de plataforma y relanzamiento de la imagen del partido. En cualquier caso, el Congreso proclamará a Aznar candidato a la presidencia del Gobierno. Deterioro económico El deterioro económico y la respuesta de España frente a Europa fueron las otras dos preocupaciones expuestas por Aznar ante los miembros de la Junta Directiva Nacional. A este respecto, acusó al Gobierno, que calificó de débil de ser incapaz de superar su fracaso. Para Aznar, sólo un cambio en la política económica puede sacar el país adelante, por lo que pidió el adelantamiento de las elecciones. Desde el punto de vista electoral, Aznar calificó la situación de extraordinario equilibrio En el transcurso del Congreso Nacional se debatirán dos ponencias, una denominada Plataforma electoral que recogerá las líneas básicas del programa de Goabiemo del Partido Popular, y que será presentada por el PSOE y PP, de acuerdo en limitar las campañas electorales a quince días para reducir gastos Los escándalos aceleran el pacto para recortar inversiones Madrid. Ángel Collado Los partidos políticos se han propuesto alcanzar antes de Navidad un pacto para recortar sus gastos electorales e incluso los del Estado. Una primera medida en la que ya hay acuerdo es la de limitar a quince días la duración de las campañas, aunque IU condiciona su apoyo a esa reforma a que los medios de comunicación públicos desempeñen un papel más activo para la difusión de los mensajes de las formaciones políticas. Tras la proliferación de escándalos de corrupción en los que casi siempre aparece en primer o segundo plano los sistema de financiación de los partidos, especialmente el del PSOE, todas las formaciones políticas se afanarán en las próximas tres semanas en pactar unas serie de medidas que reduzcan sus necesidad de fondos para próximos comicios. El jueves empezará sus trabajos en el Congreso una ponencia formada para estudiar el recorte de gastos, en la que están representados PSOE, PP, IU, CiU, CDS, PNV y un diputado del Grupo Mixto. Después de que los socialistas suscribieran con Roca y Anasagasti, por su lado, sus propias reformas legales y el Partido Popular llevara las suyas al Parlamento, todos han acabado por proponerse un acuerdo más general con la inclusión de Izquierda Unida y el CDS. Antes de empezar formalmente las negociaciones, en fuentes de los dos principales, partidos dicen coincidir con la necesidad de acortar las campañas electorales que actualmente pueden durar entre 15 y 21 días y, de hecho, suelen estar más cerca de las tres semanas que de las dos. El PP propone reformar la Ley Electoral para que se fije en 15 días. Juan Marcet, diputado socialista y representante de su grupo parlamentario en la ponencia recién creada, da la razón al Partido Popular en su exigencia, aunque apunta que también se puede alcanzar un compromiso entre los partidos para que las campañas no duren más de dos semanas y evitar la reforma de la ley. Marcet recuerda que, hasta el momento, el PP siempre ha reclamado campañas más largas Todos las fuerzas políticas reconocen que la medida podría ahorrarles cientos de millones de pesetas en conjunto y también al Estado en sus campañas institucionales. Como ejemplo, está el de las vallas publicitarias que sólo pueden ser alquiladas por quincenas. Como las campañas suelen durar algunos días más, los partidos se ven obligados a pagar por ellas como si fueran a ser utilizadas todo un mes. IU supedita su apoyo a que existan debates en los medios de comunicación públicos El punto más conflictivo para conseguir el pacto es el de los medios de comunicación estatales, RTVE y los autonómicos. PP e Izquierda Unida pretenden que las emisoras de televión y radio públicas queden obligadas por ley a emitir debates electorales. IU llega a ligar esa exigencia a su apoyo para reducir la duración de las campañas electorales. Si hay una real compensación por una mayor presencia en los medios de comunicación lo podemos aceptar dice el diputado de Izquierda Unida Ramón Espasa. Socialistas y nacionalistas, que controlan televisiones estatales en sus respectivos ámbitos de interés electoral, acuden a la ponencia reacios a admitir las pretensiones de PP e IU sobre la obligatoriedad de debates en los medios públicos. Por contra, PSOE, CiU y PNV quieren que se reduzcan por ley las inversiones de los partidos en publicidad electoral destinadas a emisoras de radio privadas y Prensa. Marcet considera una barbaridad legal sin precedentes en otras legislaciones que la ley Electoral entre a convertir en obligatorios los debates en medios públicos. No obstante, el diputado socialista admite la posibilidad de comprometerse a su celebración. Sobre la conveniencia de fijar de forma clara una rebaja en los límites autorizados de gastos, todos dicen estar de acuerdo, aunque difieren del método para concretarlo.