ABC MADRID 12-03-1992 página 82

XXII ABC Los cuatro últimos meses, con la puesta en marcha de la mo 1 eternización y la firma del pacto autonómico, han representado para Juan Manuel Eguiagaray un importante éxito dentro del Gabinete de Felipe González. Sin embargo, el ministro ni siquiera se ha planteado la reducción del número de altos cargos de la Administración, como pide el Partido Popular. En noviembre, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo en el que establecen las claves del Plan de Moderriización de la Administración del Estado. Se puso en marcha así una de las principales promesas electorales incumplidas del PSOE en los últimos años. Casi diez años después de la victoria socialista en las elecciones legislativas de 1982, la dirección del PSOE se dio cuenta, por fin, de que la sociedad demandaba una mejora en la prestación de los servicios públicos. Eguiagaray intentó establecer el impulso de una gestión estratégica de recursos humanos, asentada en la adecuación de las retribuciones al rendimiento, el desarrollo de la función directiva y la potenciación de la formación de servicios públicos se señalaba en el acuerdo del Consejo de Ministros. Una iniciativa centrada, sobre todo, en retribuir el trabajo de los empleados públicos según su rendimiento. Al proyecto le llovieron las críticas. Los representantes sindicales consideraron que si esta iniciativa se ponía en funcionamiento debería afectar asimismo a los subsecretarios y a los directores generales, que también perciben el complemento de productividad. Los empleados públicos señalaron que estos altos cargos tendrían que ser valorados por sus subordinados. Las primeras aplicaciones del denominado Manual de apreciación de la actuación de las personas en sus puestos que ponía en marcha el proyecto, confirmó las sospechas de los funcionarios: un aumento del servilismo y de la sumisión al BALANCE DE UN ANO DE GOBIERNO Jueves 12- 3- 92 Públicas de la Cámara Baja que antes del verano el Ejecutivo remitiría al Congreso tres proyectos de ley: el del Gobierno de la Nación, el de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el de Protección de datos personales en su tratamiento informatizado. Aunque con demora, los dos últimos están ya en el Parlamento. El primero, en cambio, ha suscitado una aunténtica polémica dentro del Ejecutivo. No se ponen de acuerdo y, aunque ha sido varias veces debatido en Consejo de Ministros, ni siquiera están trazadas sus líneas generales. Una nota importante, que se ha dejado e n t r e v e r en el proyecto de Régimen Jurídico y que se plasmará en la futura ley del Gobierno, preocupa en medios políticos y jurídicos. Se trata de la intención del Ejecutivo de plasmar en la legislación la desvinculación de sus funciones, sometidas al control político, de las puramente administrativas, que caerán bajo el control de la jurisdicción contencioso- administrativa. Incluso el Consejo de Estado, en un dictamen sobre el entonces anteproyecto de ley de Régimen Jurídico, llegó a recordar al Gabinete de Felipe González hace unos meses que en todo caso y en cualquiera de sus manifestaciones, el Gobierno está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico No hay esferas inmunes a la pretensión juridificadora del poder se añadía en el dictamen del Consejo de Estado. Por último, el 28 de febrero, el presidente del Gobierno, Felipe González; el presidente del Partido Popular, José María Aznar, y el secretario de Organización del PSOE, José María Benegas, firmaban, tras largos años de conversaciones, el pacto sobre las Comunidades que accedieron a la autonomía por la vía lenta del artículo 143 de la Constitución. Se daba así no el primer paso para dar un perfil definitivo al Estado autonómico y superar la ambigüedad del Título VIII de la Carta Magna. Eguiagaray pone en marcha la reforma de la Administración No frenó el despilfarro de los altos cargos Madrid. José Luis Lorente Tan sólo lleva un año al frente del Ministerio para las Administraciones Públicas y ha conseguido concluir los dos principales proyectos que comenzó su antecesor, Joaquín Almunia: poner en marcha la. mordenización de la Administración del Estado y alcanzar los acuerdos sobre el pacto autonómico con el PP. Sin embargo, estas dos medidas encaminadas a modernizar la Administración del Estado no afectan a los directivos de la Función Pública, que han encontrado rentables sobresueldos en los Consejos de Administración de las empresas públicas. El INI, el Patrimonio o el Instituto Nacional de Hidrocarburos pagan suculentas dietas a los altos cargos socialistas tan sólo por asistir a las reuniones de los Consejos de sus empresas. El PP presentó una proposición encaminada a conseguir una reducción en el número de altos cargos. El diputado del PP Manuel Núñez planteó la iniciativa de suprimir alrededor de 5.000 puestos directivos y de designación a dedo Núñez propuso que la Administración debería contar con 1.517 puestos de alto nivel, en lugar de los 6.406 que existen en la actualidad. El ahorro en el gasto de esta proposición se destinaría a elevar la cuantía de las pensiones públicas. El Partido Socialista, como es costumbre, se opuso. En materia legislativa, el ministro ha cumplido a medias y con importante retraso sus promesas ante el Parlamento. El pasado mes de abril, el ministro dijo ante la Comisión de Administraciones J. M. Eguiagaray jefe. Los empleados afines se beneficiaron de la iniciativa. Así, dos altos cargos del Ministerio para las Administraciones Públicas fueron premiados con 300.000 pesetas en gratificaciones. Por esas mismas fechas, el ministro Eguiagaray llegó a un acuerdo con ios sindicatos. Se alcanzó, de esta forma, un pacto para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos. Este acuerdo supuso que por primera vez las centrales sindicales más representativas entre los funcionarios se pusiesen de acuerdo con el Gobierno socialista. El pacto tendrá una vigencia de tres años. El equipo de Ad. Públicas Madrid En su primer año al frente de Ministerio para las Administraciones Públicas, Juan Manuel Eguiagaray ha contado con parte del equipo de su antecesor en el cargo, Joaquín Almünia. Tan sólo Zambrana sustituyó a Teófilo Serrano, dedicado ahora a la FSM. Justo Zambrana, secretario de Estado para la Administración Pública desde el 22 de marzo del año pasado, ha demostrado un talante negociador y ha llegado a importantes acuerdos con los sindicatos más representativos entre los funcionarios. Junto al ministro, Zambrana lleva el peso de la modernización de la Función Pública. Aunque insiste en hacer oídos sordos a las propuestas de la oposición de reducir el número de altos cargos, su gestión, por el momento, se considera positiva. La Subsecretaría del Ministerio está dirigida desde febrero de 1987 por Ignacio Moltó, que ha sido uno de los artífices del proyecto de ley de Régimen Jurí- dico de las Administraciones Públicas. Su actuación no se califica de especialmente destacada. Por último, José Francisco Peña está al frente de la Secretaría de Estado para la Administración Territorial. Desde hace años es uno de los negociadores del Gobierno para la consecución del pacto autonómico. El pasado día 28 vio por fin cómo el jefe del Ejecutivo, Felipe González, y el presidente del PP, José María Aznar, firmaban en la Moncloa los acuerdos autonómicos. El éxito también puede considerarse suyo. Realizaciones Firma del pacto autonómico que suscribieron PSOE y PP. Elaboración del proyecto de ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Acuerdo con los sindicatos para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios. Acuerdo del Consejo de Ministros para poner en marcha la modernización de la Función Pública. Asuntos pendientes Desarrollo de los acuerdos autonómicos y traspaso de competencias. Estatutos de Autonomía de Ceuta y Melilla. Elaboración del proyecto de ley del Gobierno de la Nación. Desarrollo del plan de modernización de la Administración. Medidas urgentes para mejorar los servicios públicos.