ABC MADRID 28-02-2004 página 3

ABC SÁBADO 28 2 2004 La Tercera VISTO DESDE ANDALUCÍA OMO cada 28 de febrero Andalucía conmemora la histórica jornada de 1980 en la que los ciudadanos decidieron darse un Estatuto de Autonomía y seguir la senda por donde ya habían empezado a caminar otras regiones españolas, especialmente las denominadas Comunidades históricas. Al cabo de estos largos cuatro lustros, las instituciones andaluzas están asentadas en la conciencia popular, y la Junta ha dejado de ser la abstracción que representaba para la gran mayoría durante los primeros años ochenta para tener hoy personalidad propia en la vida diaria y ser el referente obligado en las relaciones habituales del ciudadano de la calle con la Administración. Ello se deduce de la encuesta que, bajo la dirección del catedrático de la Universidad Hispalense Antonio Pascual Acosta, acaba de hacer pública la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) Y se llega a esta conclusión porque tanto las preguntas del encuestador como las respuestas de las tres mil doscientas personas consultadas (cuatrocientas por cada una de las ocho provincias) están referidas por lo general a los temas que han sido objeto de trasferencias durante estos casi veinticinco años. Es decir, las instituciones andaluzas presiden definitivamente la vida de más de siete millones de ciudadanos, hecho sociológico que cabe resaltar en una muy extensa Comunidad que cruza el Sur de España desde Ayamonte al Cabo de Gata, desde el Atlántico al Mediterráneo, y que, pese a la diversidad de idiosincrasias, ha logrado que sus gentes y sus acentos, tan variopintos, se expresen bajo el denominador común de la participación y la solidaridad para el progreso de la región en el común proyecto de España. Andalucía se vio gravemente preterida durante los cuarenta años de dictadura. No hay más que analizar las inversiones del Estado, de manera especial en las dos últimas décadas del franquismo, para comprender que el desequilibrio histórico que venía padeciendo la región discurrió en proporción inversa al desarrollo que experimentaban otros territorios de España. Lejos de ser un tópico, esta realidad, constatada por cualquier persona informada, ha sido una rémora que pesa como una losa sobre la conciencia de los andaluces. Sólo con la llegada de la Democracia y la promulgación de la Constitución de 1978 se pudo empezar a ver una luz de esperanza al final de ese túnel en el que el régimen dictatorial había mantenido durante décadas a una de las regiones más deprimidas de España y, por tanto, más necesitadas de apoyo y de la correcta aplicación del mecanismo de la solidaridad. Somos muchos los andaluces que recordamos con espanto la situación de nuestros pueblos durante aquellos años de falta de libertades. La vida en el campo y en las ciudades C Si el sistema de transferencias entre comunidades ricas y comunidades pobres entra en quiebra, estaríamos nuevamente ante un panorama de injusticia e insolidaridad que provocaría la vuelta a la depresión económica, social y cultural en que históricamente se desenvolvieron regiones como la andaluza estaba presidida por la miseria rampante, mientras un incipiente progreso, sobre todo a partir de los años sesenta, se empezaba a abrir paso en otras regiones lejanas; más lejanas aún de lo puramente geográfico debido a la extrema obsolescencia de las comunicaciones andaluzas, lo que le dio pie a César González- Ruano, por ejemplo, a afirmar que Almería está separada del resto de España por una carretera general y una línea de ferrocarril Si la represión y la ausencia de garantías y derechos civiles había sido café para todos, no se podría predicar lo mismo en orden a las inversiones públicas de aquellos gobiernos arbitrarios nunca salidos de la voluntad popular. Es preciso hacer memoria histórica si se quiere analizar con rigor el panorama desde el que Andalucía encaró dichosamente, al fin, el cambio de régimen tras la desaparición del dictador. Este nuevo 28 de febrero nos invita a una reflexión más general, trascendiendo los límites geográficos de Andalucía, para profundizar en las cuestiones de relieve que asaltan la actualidad del panorama nacional y sobre las que nos parece que los andaluces muestran, cuando menos, escepticismo. Nos referimos, naturalmente, al debate abierto sobre la reforma constitucional y a las voces que desde algunas posiciones ideológicas intentan convencernos de que el modelo actual está agotado y de que, por tanto, es necesario abordar un nuevo proyecto de convivencia entre españoles, cuya necesidad, visto desde Andalucía, no parece ni una prioridad ni una propuesta conveniente para el conjunto de España. No pocos an- daluces pensamos que con la pretendida reforma el equilibrio tan difícilmente alcanzado en 1978 padecería en las bases que lo hicieron posible. Mil veces se ha repetido que uno de los principales méritos de nuestra Constitución radica en el hecho de no satisfacer a todos al cien por cien, acaso porque en democracia los partidos terminan con diferencias de pocos tantos, cuando no en empate, pero raramente por goleadas de diez a cero. Esta última excepción no se suele dar ni en el fútbol, incluida la liga de campeones. Es decir, los padres de la Constitución tuvieron muy en cuenta los desequilibrios de renta, los desniveles sociológicos, las diferencias culturales y, cómo no, la abundancia o la escasez de los recursos naturales de cada región a la hora de administrar en su texto (Artículo 2, Título Preliminar) ese gran principio de la solidaridad que vertebra desde entonces la vida en común de los españoles y al que los nacionalismos desean poner fin. No de otra manera podría haberse refrendado el 6 de diciembre de 1978 un texto de tanta complejidad jurídica, de tan ambicioso alcance nacional, como el que durante más de un cuarto de siglo ha sido la herramienta de oro insustituible para la convivencia en democracia. Si el sistema de transferencias entre comunidades ricas y comunidades pobres entra en quiebra, estaríamos nuevamente ante un panorama de injusticia e insolidaridad que provocaría la vuelta a la depresión económica, social y cultural en que históricamente se desenvolvieron regiones como la andaluza. Léase rectamente lo que estamos escribiendo. El temor de los andaluces, creemos, no se basa en la posibilidad de ciertas reformas de la Carta Magna- -por ejemplo la del Senado- que pueden ser aconsejables a la luz de la experiencia acumulada en este cuarto de siglo. El temor va más allá y se apoya en la posibilidad de que abierto el melón salten por los aires las reglas de juego que vienen funcionando más bien que mal y sobre las que hubo un consenso nacional jamás conocido hasta entonces en la Historia de España. La difícil sustitución de tal consenso por otro semejante o equivalente, salvadas las distancias en el tiempo y las circunstancias que lo impelieron, es lo que alimenta la prevención de los andaluces, y seguramente de millones de ciudadanos de otras Comunidades autónomas, ante nuevas aventuras constitucionalistas que puedan poner en peligro el equilibrio por el que hoy transita la vida española. Detrás del señuelo de determinadas reformas razonables está de seguro agazapado el insaciable afán de los nacionalismos por quedarse con la parte del león. Visto desde aquí, analizado desde Andalucía, es para echarse a temblar. FRANCISCO GIMÉNEZ- ALEMÁN