El Gobierno elimina cien consejeros de las empresas públicas

GABRIEL SANZ

MADRID

El Gobierno ha decidido recortar drásticamente, en número de consejeros y en retribución a ejecutivos, el dinero que cuesta gerenciar las empresas públicas españolas. Para ello las va a «homogeneizar» en tres categorías. Un real decreto las dividirá en grandes, medias y pequeñas, cuyos consejos de administración no podrán tener más de 15, 12 y 9 consejeros, respectivamente. Solo esa decisión supone hacer desaparecer, al menos, cien de los actuales consejeros y ahorrar un millón de euros anuales en dietas, según explicó ayer la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Un ejecutivo de empresa pública grande tendrá «salario base» máximo de 105.000 euros; 80.000 los de firmas de tamaño medio, y 55.000 euros en las pequeñas. A esa cantidad sumará el plus de responsabilidad, en función del cargo, y un «variable» si cumple objetivos. Estos dos pluses también serán regulados en tablas homogéneas para las tres clases de empresa, con un tope final neto que fijará el Ministerio de Hacienda. Además, el llamado «salario en especie» (vivienda, coche, etc.) se restará del salario final, para acabar así «con la práctica habitual en la Administración General del Estado de establecer retribuciones en especie mayores que las retribuciones dinerarias», reconocía ayer Sáenz de Santamaría.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta explicó ayer que la medida implica una reducción media neta del 25 al 30% en sueldos, que llegará al 35% «en las empresas de menor entidad», donde sus ejecutivos cobraban como las grandes. Se trata, ha dicho, de acabar con situaciones como la que se da, por ejemplo, en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), donde las retribuciones fijas de un directivo se sitúan hoy en 200.600 euros. A modo de ejemplo, Sáenz de Santamaría explicó que, a partir de ahora, la retribución del consejero delegado de los astilleros Navantia se aminora en un 28%, y la del de Hunosa, un 23%.

La «número dos» del Gobierno considera que el real decreto, tendente a equiparar salarios de ejecutivos de empresa pública con los de altos cargos del gabinete, era lo «razonable» con la actual situación de España. Sobre todo, después del sacrificio que se viene pidiendo a los funcionarios. Sáenz de Santamaría admite que la retribución en la empresa pública va a ser «sensiblemente inferior» al de la empresa privada de iguales dimensiones, pero no cree que eso vaya a restar capacidad de gestión al sector público.