Los ayuntamientos deben a bancos y proveedores 5.000 millones de euros
Después de años de gastos superfluos y grandes obras el quince por ciento de los consistorios valencianos corre peligro de quebrar este año
Cerca del quince por ciento de los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana presentan serio riesgo de entrar este año en quiebra, como advirtió esta semana la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Elena Bastidas. Muchos ya tienen problemas para pagar las nóminas: Alfafar, en Valencia —lastrado por la anterior gestión del PSPV—, o Náquera, en la misma provincia, ya no pudieron abonar en la paga extra de diciembre.
Los consistorios lamentan que, en tiempos de crisis, los ciudadanos requieren servicios que escapan a sus competencias al tratarse de la Administración Pública más cercana.
Sin embargo, el modelo de financiación local no se ha adaptado a las demandas de la población y los ayuntamientos soportan el pesado lastre de una deuda con los bancos superior a los 3.000 millones de euros, de acuerdo con los últimos datos facilitados por el Banco de España, a los que hay que añadir otros 391 millones que deben devolver al Estado en concepto de anticipos correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009. De acuerdo con diversas fuentes empresariales, la deuda con los proveedores se situaría en el entorno de los 2.000 millones de euros.
Gastos de personal
Al margen de los gastos corrientes, a los consistorios se les planea el problema del capítulo de personal, que en algunos casos supera el setenta por ciento de los presupuestos. En esta línea, los ayuntamientos son, junto a las diputaciones, uno de los principales generadores de empleo, con más de 60.000 trabajadores directos a su cargo, según datos de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
El Ayuntamiento de Valencia, con 5.000 empleados, ha firmado un convenio que garantiza los puestos de trabajo. En todo caso, más allá de la radiografía de la situación financiera actual, la Administración local es víctima del desplome de los ingresos derivado de la caída del sector inmobiliario, hasta 2008 su principal fuentes de ingresos, y de algunos desmanes presupuestarios.
La asignación de los fondos conocidos como Plan E y Plan Confianza, con los que el Gobierno central y la Generalitat pretendían reactivar el empleo a través de obras en los municipios, revela hasta qué punto los ayuntamientos que ahora claman por la crisis desbarataron recursos públicos en infraestructuras de dudosa rentabilidad.
Algunos casos resultan paradigmáticos. Navajas, una pequeña localidad castellonense situada en la comarca del Alto Palancia, es la población de la Comunidad Valenciana con mayor deuda per cápita. En total, 3.396 euros por cada uno de sus 816 habitantes, según datos del Ministerio de Hacienda y el Instituto Nacional de Estadística. Pese a ello, la localidad cuenta con un auditorio municipal destinado a albergar conciertos y, antes de las pasadas elecciones, comenzó la construcción de un polideportivo municipal, cuya ejecución languideció tras la cita con las urnas en las que el PP revalidó su mayoría absoluta.
Deuda por habitante
Junto a Navajas, las localidades de Cofrentes (1.429 euros) y Monforte del Cid (1.082) comparten el dudoso honor de ser las más endeudadas por habitante. Sin embargo, esta situación no se limita a los pueblos. Grandes urbes, como Elche, se encuentran entre las ciudades con mayores números rojos de España. En este caso, la gestión del socialista Alejandro Soler dejó el rastro de grandes inversiones en infraestructuras que, una vez realizadas, resultan especialmente costosas de mantener. Es el caso de la piscina climatiza de El Carrús, un recinto en el que el Ayuntamiento gastó 2,9 millones de euros procedentes del Plan E.
La fiebre del pádel
Atrás han quedado los tiempos en los que los ayuntamientos obtuvieron fondos abundantes para ejecutar obras públicas. Muchas de ellas derivaron en la fiebre del pádel, un deporte al alza en el que numerosos alcaldes pusieron su punto de mira para ofrecer nuevos servicios públicos a sus ciudadanos. En la localidad de Buñol, la construcción de pistas de pádel supuso una inversión de 94.450 euros que sirvieron para generar cinco puestos de trabajo durante dos meses y medio.
Otras grandes ciudades también apostaron por el deporte de moda, como Castellón, que destino 737.000 euros del Plan Confianza a la construcción del complejo de pádel Castalia.
Las instalaciones deportivas se convirtieron en los años 2008 y 2009 en algunos de los principales reclamos electorales. En esta línea, el Ayuntamiento de Benidorm, que está sufriendo ahora problemas para abonar las facturas del suministro eléctrico y los servicios de Correos, gastó 960.000 en un campo de fútbol siete en Foietes. Denia, por su parte, destinó 786.120 euros a un polideportivo de barrio municipal. En ambos casos se emplearon los fondos del Plan E.
Pero la palma se la lleva La Nucía, con una de las ciudades deportivas más modernas de Europa, que se extiende a lo largo y ancho de 100.000 metros cuadrados y que ha costado treinta millones de euros desde 2003 —la mitad de los cuales los ha aportado el Consistorio—. La «joya de la corona» es un pabellón cubierto de 5.000 metros que supuso una inversión de 8,4 millones.
También Alaquàs se sumó a la corriente de las inversiones deportivas, en este caso con 241.709 euros para la construcción de carriles bici en zonas verdes. Mientras, municipios como Alberic, en Valencia, o Sax, en Alicante, han tenido que cerrar sus costosas piscinas municipales por falta de usuarios. Alberic ha recortado a la mitad las subvenciones deportivas para poder reabrir las instalaciones, mientras Sax reabrió hace un mes una piscina por la que debe 260.000 euros después de los últimos arreglos encargados por la ex alcaldesa, la socialista Ana Barceló.
En busca de nuevos ingresos para mitigar la crisis, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Burjassot está estudiando la posibilidad de implantar nuevas tasas para actividades particulares que generen un gasto municipal como por ejemplo el uso de equipos de trabajo de la Brigada de Obras o Policía Local, así como otro tipo de servicios. Sin embargo, el Consistorio de la localidad de la afueras de la ciudad de Valencia destinó en época de «bonanza» que posibilitó el Plan E para las arcas locales 2,65 millones de euros a la construcción de un aparcamiento subterráneo.
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