El Parlamento pide poner coto a proyectos con dinero privado
PP y PSOE se centran en la financiación y olvidan las críticas de Contas a su último año de gestión, el 2008
Los grupos de la oposición aprovecharon ayer el debate de las propuestas de resolución sobre el último informe anual del Consello de Contas, que evalúa la ejecución de las cuentas del año 2008 (último de gestión completa del bipartito de Touriño) para acusar a la Xunta de hipotecar el futuro mediante la contratación excesiva de proyectos con financiación mixta, es decir, en los que las empresas adelantan una parte de la inversión, que luego recuperan a través de un canon o concesión.
Finalmente, todos los grupos acordaron solicitar a la Xunta que se controlen las actuaciones amparadas en este sistema, aunque la Consellería de Facenda ya había solicitado en septiembre al propio Consello de Contas un dictamen en el que fijara una propuesta en este sentido. Los partidos también acordaron pedir al ejecutivo gallego que eleve «el grado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Consello de Contas», cuatro de cada diez.
El empleo de esta fórmula para acometer nuevos proyectos —por ejemplo, los hospitales de Vigo y Pontevedra— no es original en el actual ejecutivo de Feijóo y ya fue empleada en el pasado por el bipartito en diferentes iniciativas, aunque no en la medida actual ya que entonces los recursos presupuestarios disponibles eran mucho mayores.
El nacionalista Carlos Aymerich criticó que «a partir de 2014 y hasta 2024», la Xunta destinará «120 millones de euros cada año» a amortizar estas inversiones «siempre que no se incrementan las colaboraciones público privadas, que vendrán». «El hecho de que no computen como déficit no oculta», seguía, que «materialmente es deuda pública a todos los efectos», lo que «afecta a la estabilidad de las cuentas públicas».
El popular Jesús Goldar le recordó el peaje en la sombra (el pago de un canon ligado al número de usuarios) derivado de la supresión, en la etapa del bipartito, de los peajes de La Barcala (La Coruña) y Rande (Pontevedra), que deberán pagarse hasta el año 2042.
Sobre las cuentas del año 2008, que en teoría habían motivado el debate, Aymerich destacó que Contas «reconoce el déficit más bajo de todas las comunidades», mientras que Lage habló de «gestión rigurosa» y «unas cuentas que son aprobadas sin tacha». Muy diferente fue la valoración del portavoz popular a crisis, que recordó el tirón de orejas de Contas en ámbitos como el gasto de farmacia de Sanidad, y sobre todo recalcó las previsiones económicas de la Xunta, que cuando la crisis «ya llamaba a la puerta, no quiso modificar las previsiones», «excesivamente optimistas».
De ahí las «liquidaciones negativas de 874 millones de euros» conocidas posteriormente a raíz de unos «impuestos sobrevalorados y gastos infravalorados». «Tanto las áreas socialistas como nacionalistas salen muy mal paradas», les recordaba Goldar desde la bancada popular.
No prosperaron en la cámara las mociones defendidas por los socialistas para «que se fiscalicen los procedimientos que se hacen sin publicidad» o los entes creados por la diputaciones provinciales, «la administración paralela de las administraciones provinciales». Sí obtuvo el visto bueno unánime la petición de que todos los organismos y entidades públicas dependientes de la Xunta «utilicen el idioma gallego en su relación» con el Consello de Contas.
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