La congelación del recibo de la luz eleva en 1.000 millones la «hipoteca eléctrica»

La decisión electoralista del Ministerio de Industria de mantener el precio de la luz durante el último trimestre del año, a pesar del incremento de los costes de la energía, va a agrandar la brecha entre ingresos y costes del sector, el denominado déficit de tarifa. Solo en este trimestre, aumentará en 200 millones de euros y en 2012 generará un déficit adicional de 800 millones , según fuentes de las compañías eléctricas. Es decir, 1.000 millones que se sumarán a los 22.000 millones que acumula desde 2000.

Las empresas del sector acusan al ministro Miguel Sebastián de condicionar la tarifa de la luz que se revisa hoy a las próximas elecciones del 20-N. «Lo que no paguemos ahora lo deberemos pagar más tarde» , subrayan. Y añaden que el nuevo ministro deberá subir un 17% los peajes el próximo año para cumplir con el límite establecido para el déficit en 2012.

Las eléctricas vuelven a insistir en que la errónea política energética del Gobierno está disparando el déficit de tarifa. Y ponen como ejemplo las subvenciones a la minería del carbón y la obligación de que aquellas consuman carbón nacional. «Si no existieran, los peajes eléctricos se podrían reducir un 4,5%». Más aún influyen las primas a las energías renovables. «El descontrol en el desarrollo fotovoltaico y la burbuja termosolar está encareciendo enormemente el recibo de la luz», recuerdan las eléctricas.

Precisamente, la patronal del sector, Unesa, confirmó ayer que recurrirá al Tribunal Supremo la decisión del Gobierno de congelar la tarifa eléctrica porque «causa un grave perjuicio a las empresas». Además, advierte que la factura eléctrica de enero de 2012 «debería recoger un incremento superior al 20%».

Por otra parte, Unesa criticó ayer también al portavoz del Gobierno, el ministro José Blanco, por cuestionar el resultado de la subasta del día 27 que determinó el coste de la electricidad, el cual, se encareció un 6%. Blanco había declarado en la rueda de prensa posterior el Consejo de Ministros que la subasta resultó «muy por encima de lo razonable», por lo que ha pedido a la Comisión Nacional de Energía que abra una investigación.