Las instituciones sacan 160 millones de las cajas pese al «cierre del grifo»

Desde el estallido de la crisis, primero financiera y hoy socioeconómica, en octubre de 2007, mucho se ha hablado y escrito del «cierre del grifo» del crédito, esto es, de cómo bancos y cajas de ahorro pasaron de conceder préstamos a espuertas a reducir la actividad drásticamente. Sin embargo, este radical cambio de escenario no ha afectado a todos los agentes de la economía del Archipiélago de igual forma; ni mucho menos. Mientras que a aquellos a los que la teoría denomina «otros sectores residentes» —familias y empresas— arrancar un crédito a la banca les supone un ímprobo esfuerzo, la Administración canaria sigue recibiendo ayuda financiera como si tal cosa, y ello pese a que su solvencia está, como poco, tan en entredicho como la de la ciudadanía. Sirva como ejemplo que solo las dos principales entidades de las Islas, CajaCanarias y La Caja Insular, concedieron a distintos cabildos y ayuntamientos más de 160 millones de euros —casi 27.000 millones de pesetas— entre 2007 y 2010, es decir, en los tres ejercicios de crisis.

Conforme a la información que las mismas cajas envían a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) —información que solo justifica «las operaciones crediticias con instituciones públicas que hayan designado consejeros generales», con lo que los préstamos a la Administración seguramente serán aun más—, ocho corporaciones locales recurrieron a CajaCanarias en busca de liquidez en 2007. Y consiguieron gracias a la ayuda de la institución que preside Álvaro Arvelo cerca de 16 millones de euros. El Ayuntamiento de La Laguna (5,7 millones de euros en dos operaciones) y el Cabildo de La Palma (cinco millones) suscribieron los contratos de mayor cuantía, pero también lograron fondos los consistorios de San Miguel de Abona (dos millones de euros), La Guancha (359.000 euros), Garafía (207.000), Puntagorda (120.000) y Los Silos (4.000), amén de los 2,5 millones del servicio de «confirming» que contrató el de San Sebastián de La Gomera. Ese mismo año (2007) —al único al que podría considerársele una excepción, habida cuenta de que la crisis no comenzó hasta octubre—, otras ocho instituciones convencieron a la Insular. A través de préstamos o cuentas de crédito obtuvieron casi 14 millones de euros: Cabildo de Lanzarote (4,9 millones), Ayuntamiento de Arrecife (tres millones), Ayuntamiento de Arucas (dos millones), Cabildo de Gran Canaria (cerca de 1,7), Ayuntamiento de La Orotava (950.000 euros), de Firgas (600.000), de Tejeda (420.000) y de Valsequillo (325.000).

En 2008, el primer ejercicio completo de estrecheces, los poco menos de 30 millones de euros que un año antes habían concedido CajaCanarias y La Caja a las instituciones no solo no disminuyeron, sino que aumentaron hasta 61 millones. Hubo entonces operaciones importantes —nueve millones recibió de la caja de origen tinerfeño el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y casi la misma cantidad el de Arrecife de la Insular—, pero fueron las necesidades del Cabildo de Tenerife las que «engordaron» el total hasta tal punto. Tan es así, que la corporación que presidía y preside hoy en funciones el nacionalista Ricardo Melchior requirió 39 millones del sistema financiero, en concreto de CajaCanarias. También pellizcaron el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (2,1 millones), el de Santa María de Guía (944.000 euros), el de Arucas (700.000) y el de San Andrés y Sauces (492.000).

Ya en 2009, y aunque 2010 se encargaría de negarlo, sí pareció que las dos cajas isleñas «cerraban el grifo» también a la Administración; eso o que esta no necesitó tantos fondos, una hipótesis a todas luces desechable. Sea como fuere, CajaCanarias y La Caja «solo» prestaron 19,3 millones de euros: 5,7 millones, al Ayuntamiento de Adeje; cuatro millones, al Cabildo tinerfeño; tres, al Ayuntamiento de Arrecife; más de 2,9, al consistorio de la capital palmera; 1,5, al de Santa Lucía; otros 1,2 millones, al de San Andrés y Sauces; 794.000 euros, al de Santa María de Guía; y 157.000, al de la Vega de San Mateo.

Pero 2010 demostró una vez más la «generosidad» de los dos grandes entes financieros de las Islas con las instituciones; o más bien la de CajaCanarias, porque la Insular limitó su actividad a la apertura de una cuenta de crédito de 500.000 euros al Ayuntamiento de Arucas. En el caso de la tinerfeña, en cambio, cerró operaciones por un monto cercano a 50,5 millones de euros, en gran parte gracias a los dos préstamos que, por un total de 35 millones, dio al Cabildo Insular, que no por nada es la corporación local que más recursos maneja. Asimismo hubo también parte de la tarta para el Ayuntamiento de Adeje (seis millones), el del Puerto de la Cruz (cuatro millones en dos operaciones), el de El Rosario (dos más), el Cabildo de La Palma (1,8) y el Ayuntamiento de su capital (1,6).

Así pues, el hecho de que en el anterior ejercicio, como también en 2008, el importe de los préstamos y créditos de CajaCanarias y la Insular —aunque solo sea por la actividad de la primera— resultase mayor que en 2007 demuestra que la contención del crédito es relativa y explica, en parte, el porqué Canarias sufre una particular variante del llamado «crowding out». Con este anglicismo la teoría económica explica esas coyunturas en que la actuación del sector público limita a las familias y empresas. En este caso, el uso del concepto encuentra justificación en que el poco crédito disponible acaba en la Administración, ávida de fondos para tapar los agujeros de una deuda que no deja de crecer.

Y los datos del Banco de España lo confirman: al cierre de 2007, el crédito de bancos, cajas y cooperativas a familias y empresas del Archipiélago sumaba 54.595 millones de euros; al término de 2010, había disminuido hasta 53.617. Sin embargo, el crédito a la Administración creció la friolera de un 115%, de 1.292 millones a 2.777.