El TSJC pide multar a un juez que cuestionó el uso del catalán

El juez titular del juzgado contencioso número 1 de Lérida, José María Aristóteles Magán, podría ser sancionado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por varias resoluciones suyas en las que incluye comentarios críticos contra instituciones como la Generalitat o el Ayuntamiento ilerdense. Si prospera una petición en este sentido hecha por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

De entre las polémicas resoluciones en cuestión, sobresale una en la que el magistrado tildaba de «falta de respeto y de mínima educación» que los abogados de la Generalitat utilizaran el catalán en el litigio por una multa de tráfico que afectaba a un ciudadano de fuera de Cataluña. Aunque también destacó por un auto en el que calificó de «farisea» a la Generalitat en su pugna con Aragón por no ceder el arte sacro de la Franja, al contraponerla con su obstinación por exigir los papeles de Salamanca.

Tras su reunión del pasado 3 de mayo, la Sala de Gobierno del TSJC resolvió calificar de falta «grave o muy grave» las citadas resoluciones del juez y decidió elevar el expediente abierto contra él a la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ, que será la que decida qué sanción se impone.

Según informó ayer el TSJC, en la reunión de la Sala de Gobierno del pasado 3 de mayo, el TSJC estudió una serie de resoluciones que la Audiencia de Lérida le había hecho llegar y también la copia de una instancia enviada por el alcalde de la capital leridana, Àngel Ros. Tras analizar toda esta documentación, el TSJC, presidido por Miguel Ángel Gimeno (de la asociación progresista Jueces para la Democracia), concluyó que las actuaciones de Magán constituyen «faltas muy graves y graves», conductas que pueden ser castigadas con sanciones disciplinarias que van desde la multa a la separación del servicio judicial.

El TSJC tenía abierto un expediente informativo sobre Magán —con el que este diario intentó contactar en vano— desde principios de abril; por resoluciones que le han grangeado las protestas del presidente de la Audiencia de Lérida, de abogados, del Ayuntamiento de Lérida —que le recusó por instar a reabrir unos locales precintados por exceso de ruido—, y de particulares. El TSJC no detalló los argumentos de la sala de Gobierno para pedir sanción, aunque en su resolución se señala que «las actuaciones (de Magán) podrían tener cabida en el art.417 número 3 y 13, en el art.418 números 3,5 y 6 de La Ley Orgánica del Poder Judicial. En ellos, se refieren conductas tales como «enfrentamientos graves con las autoridades», o «abuso de la condición de juez». En muchos casos es más una cuestión de formas, de tono, que de fondo, señalaron fuentes judiciales.[

Con todo, lo que ha acelerado el expediente, y lo que propició incluso que la consejera de Justicia de la Generalitat, Pilar Fernández Bozal, pidiera por carta al TSJC que actuara contra él, fue la mencionada resolución contra la actitud de la Generalitat de conminar a su abogados a usar el catalán en un litigio por una multa a un ciudadano de Madrid. Pese a que a la administración catalana tramitó el expediente en castellano. «Eso demuestra que la administración regional catalana sabe utilizar el castellano perfectamente, incluso lo utiliza cuando le conviene (en este caso para cobrar una multa)», señalaba la resolución, según avanzó el diario Avui.