Guerra se reunirá con los propietarios de las gasolineras para tratar los precios

Entre las regiones con el combustible más caro de la península, la Consellería de Industria no cejará en su empeño de confirmar si las sospechas sobre un posible pacto entre las gasolineras para acordar los precios de los carburantes son ciertas. Así, tras semanas recaudando información, el titular departamental, Javier Guerra, reiteraba ayer su disposición a atajar el asunto de forma inmediata, por lo que anunciaba su intención de reunirse próximamente con los propietarios de las distintas estaciones de servicio a fin de entender cuáles son las razones de que en Galicia el coste sea más alto que en otras autonomías. Así lo aseguró tras presentar el anteproyecto de Ley Industrial, al tiempo que agregó que ya se ha puesto de acuerdo con el Tribunal Gallego de la Competencia, con el fin de trabajar conjuntamente para «aclarar la situación».

Por otro lado, habló sobre el caso de Clesa, en el que —dijo— «trabaja un equipo jurídico con el objetivo de salvar la firma láctea y el empleo que supone para los habitantes de Caldas». «Los trabajadores saben de nuestra disponibilidad», aseguró, no sin antes respaldar los actos de protesta que se están organizando y que justificó en el contexto de que «no se olvide esta situación». «Nuestro compromiso es total», insistió tras mostrarse partidario de cualquier iniciativa que busque hacerse con las instalaciones gallegas. No obstante, Guerra hizo un alto para recordar que la «maraña jurídica» en la que están inmersos Nueva Rumasa y su grupo empresarial complica la operación. Así las cosas, indicó que aunque hubiese algún interesado, en este momento no se podrían vender la factoría pontevedresa.

No en vano, reiteró que mantiene su compromiso de poner a disposición de las empresas acreedoras de Clesa los programas e instrumentos disponibles para facilitar su acceso a financiación y que superen las dificultades derivadas de la gerencia de la familia Ruiz-Mateos.

Con respecto al anteproyecto de la normativa que regirá el Plan Industrial, que desde ayer se puede consultar en la página web de la Xunta, éste contempla la creación de un Consello Gallego para la colaboración de agentes públicos y privados, y la redacción de planes plurianuales que fijen los objetivos de las políticas en esta materia. Se abre así un periodo de alegaciones por 20 días, bajo la previsión de que llegue al Legislativo para su debate en verano.

Con esta norma se elaborarán, además de este plan director a medio y largo plazo, programas específicos centrados en la innovación, la internacionalización y la competitividad, y se creará la figura de los proyectos industriales estratégicos, que serán aprobados en el Consello de la Xunta y considerados prioritarios.

Se trata de crear «el marco de planificación para el desarrollo de las políticas industriales, pues la Xunta debe ser la protagonista en este ámbito, mientras que las empresas deben serlo en la ejecución de las iniciativas», tal y como apuntó el conselleiro, quien destacó que «es la primera propuesta legislativa de estas características en Galicia y en España». De este modo, los objetivos generales pasan por «aumentar la productividad, la competitividad y la calidad, al tiempo que se usan eficientemente los recursos y se fomenta la cohesión y la creación y consolidación del empleo», en palabras de Guerra.

En cuanto al Consello de Industria, la pretensión de la Xunta es que incluya representantes de las administraciones públicas, de los empresarios, los sindicatos y otras personas e instituciones vinculadas con esta actividad. «Un espacio de participación que favorezca la cooperación, el diálogo y la aportación de propuestas», dijo el titular industrial.