despilfarro autonómico
Con un Defensor del Pueblo basta
Cada queja a los defensores autonómicos cuesta 1.354 euros. María Luisa Cava tramita cada expediente por la mitad de precio
«Si hay 17 defensores del pueblo, ¿a quién defiende el defensor del Pueblo de España?». La pregunta la realizó recientemente un político español. Pero no era del PP como podría adivinarse, sino del PSOE, y más concretamente el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara. Lo cierto es que no hay 17 defensores del pueblo autonómicos, sino 13 (todas las regiones menos Baleares, Cantabria, Extremadura y Madrid). Y a punto estuvieron de ser 14, pues la comunidad presidida por Fernández Vara también quiso tenerlo. Se le iba a bautizar con la rimbombante denominación de «Personero del Común».
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«No tiene mucho sentido ni mucha eficacia repetir la estructura del aparato de Estado en 17 territorios», sostiene también el presidente popular, Mariano Rajoy, refiriéndose no solo a los defensores del pueblo, sino también a otros entes como consejos consultivos y tribunales de cuentas que duplican funciones entre el Estado y las comunidades autónomas. A Fernández Vara y a Rajoy, desde la izquierda y desde el centro-derecha se han unido otras muchas voces partidarias de aligerar la estructura estatal y así ahorrar dinero en tiempos de crisis. Pero nadie le había puesto una cifra global al gasto que supone tener 14 defensores del pueblo.
55 millones al año
ABC ha recopilado el presupuesto anual de todos ellos, y la factura resultante es más jugosa de lo que en principio cabría esperar. Entre todos, gastan más de 55 millones de euros al año, una cifra equiparable al presupuesto anual del Ministerio de Ciencia y Tecnología. La mayor parte de esta tarta va destinada a pagar el funcionamiento de los 13 defensores del pueblo regionales, cuyos gastos anuales superan los 40 millones de euros. El mismo trabajo de todos ellos lo hace la Defensora del Pueblo estatal por apenas 15 millones de euros. Entre los 13 autonómicos gestionan 29.767 quejas, una cifra solo ligeramente superior a las 22.287 que recoge la Defensora del Pueblo a nivel nacional. De tal guisa que cada queja planteada por un ciudadano a los defensores del pueblo autonómicos cuesta al erario público 1.354 euros de media. El doble de lo que acarrea cada queja a María Luisa Cava: 680 euros.
Uno de los casos más flagrantes de este derroche se produce en Cataluña. Cada queja tramitada por el Síndic de Greuges cuesta actualmente al ciudadano 1.415 euros. El aumento progresivo del presupuesto de esta institución, creada en 1984 por el Parlamento autonómico, así como el incremento de personal y altos cargos es el motivo de este alto coste de las actuaciones del Síndic, que dispone de un presupuesto de 8,8 millones de euros, el triple de lo que costaba al ciudadano esta entidad en 2000 (1,9 millones de euros). Asimismo, el gasto en personal ha pasado de 1,6 a 6,4 millones de euros. Dentro de este capítulo destacan las partidas destinadas a altos cargos: 364.974 euros frente a los 239.734 euros de 2000.
La figura del Síndic está regulada en los artículos 78 y 79 del Estatuto de Autonomía, que fueron recurridos ante el Tribunal Constitucional por el PP y el Defensor del Pueblo por entender que podía invadir competencias del «ombudsman» español.
Ribó, que ejerce el cargo desde 2004 a propuesta del tripartito, cumplirá en 2019 —cuando expire su mandato— 15 años en el mismo puesto. Justo los que lleva ahora el andaluz José Chamizo, decano de los defensores del pueblo españoles. Sacerdote y licenciado en Historia de la Iglesia, Chamizo sí es un hombre de consenso. Es el que más quejas tramita, 6.245 al año y uno de los que gestiona cada queja a un precio más barato (828 euros). Solo está detrás del Valedor do Pobo, Benigno López, que fue elegido en julio de 2007 con el consenso de todos los grupos del Parlamento gallego. Se ha enfrentado tanto a los nacionalistas (defendió en la Cámara la «libertad lingüística» tras informes bastante negativos durante la etapa del bipartito) como al actual Gobierno del popular Núñez Feijóo, al que corrigió serios defectos en unas oposiciones a la administración gallega de Sanidad.
Preguntado por ABC, López asegura que ni siquiera se le pasa pasa por la cabeza que se suprima esta figura, porque «se trata de una institución parlamentaria cuyo origen se encuentra en el Estatuto de Autonomía». No es el único defensor del pueblo de regiones gobernadas por el PP que discrepa con Rajoy. «Es cierto —reconoce el Defensor del Pueblo murciano, José Pablo Ruiz Abellán— que en época de crisis todo el mundo se plantea muchas cosas, pero hay que esperar y buscar soluciones. El coste que se ahorraría la Administración regional con la supresión del defensor del pueblo sería solo el 0,01 por ciento».
Decenas de empleados
Ciertamente, los 1,8 millones de presupuesto de este organismo en Murcia contrastan con los 4,7 millones que llegan a costar a los contribuyentes instituciones como el Ararteko vasco. Además de su adjunta, el equipo de Íñigo Lamarca —un hombre de consenso elegido en época del PNV y reelegido ahora que gobierna el PSOE con el apoyo del PP— lo componen cincuenta personas, entre asesores y personal administrativo. El Ararteko emitió en 2009 un informe extraordinario sobre la atención institucional a las víctimas de ETA.
Si el Ararteko destaca por su voluminosa nómina de empleados, el Diputado del Común de Canarias es el que cuenta con más sedes. Pese a que la oficial está radicada en Santa Cruz de La Palma, lo cierto es que las sedes «de facto» se dividen entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Además de otras [10TEXTO]subsedes como La Gomera, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura. Siete sedes en total. Alguna de ellas, como la de La Gomera, tienen una actividad casi nula: apenas recibió trece quejas en todo 2009.
Manuel Alcaide, que así se llama el Diputado del Común canario, lleva en interinidad desde 2007 al no haberse puesto de acuerdo para su renovación los distintos grupos parlamentarios. Ello no le ha impedido realizar extravagantes declaraciones como la de julio de 2009, cuando declaró que «en la época del franquismo no había defensor del pueblo, y creo que ni falta que hacía», ya que «las administraciones estaban muy controladas, se regían como si fuera un cuartel y funcionaban mucho mejor». En septiembre de 2010, tuvo una original propuesta: que los funcionarios públicos vayan a trabajar con uniforme para «saber si salen a la calle o no, o si están tomando café». Lo hizo en el Parlamento.
Nuevos edificios
También notable, 32 empleados, es la plantilla con la que cuenta el Procurador del Común de Castilla y León. Para 2011, este órgano, con sede en León —donde se está habilitando un nuevo edificio—, ha reducido su presupuesto casi el 9 por ciento. El titular de dicha institución es Javier Amoedo, un veterano jurista que antes era fiscal jefe de la Audiencia Provincial de León, cargo que abandonó, ya que la norma determina que el puesto es incompatible con cualquier otro así como la imposibilidad de estar afiliado a partidos o sindicatos. Un perfil parecido al de María Bueyo Díez Jalón. Elegida en 2006 como Defensora del Pueblo riojano por unanimidad, es abogada del Estado. La institución que preside es, de largo, la más barata de todas las defensorías regionales: 661.925 euros de presupuesto. Dedica un día semanal de su agenda a recibir a los ciudadanos.
Podría ir al paro
Las trayectorias independientes de Amoedo y Bueyo contrastan con la del destacado dirigente socialista José Manuel Martínez Cenzano, que podría ser el primero de los defensores del pueblo actuales que se quedaría en paro si llegara a gobernar en Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal, quien ha anunciado que suprimirá esta institución (2,18 millones anuales), así como la Sindicatura de Cuentas (1,93 millones), el Consejo Consultivo (1,57 millones) y el Consejo Económico y Social (1,23).
También ex político, el Síndic de Greuges valenciano, José Cholbi, se ha esforzado sin embargo desde su llegada por alejar a la institución de la primera línea política, que había ocupado con agrios enfrentamientos institucionales durante el mandato de Bernardo del Rosal (hasta 2007) y la interinidad de Emilia Caballero.
La figura del Síndic de Greuges tiene cierto arraigo histórico, como ocurre con el Justicia de Aragón, que se creó a finales del siglo XII y funcionó hasta principios del XVIII. Fue una de las instituciones del Reino de Aragón y reapareció en 1982, integrada en la estructura institucional de la región y recogida en su Estatuto de Autonomía. Cuenta con 28 trabajadores. La plantilla no ha aumentado en los últimos doce años, a pesar de que la actividad de esta oficina se ha duplicado.
Información elaborada por Fernando Rojo, María Jesús Cañizares, María Isabel Jimeno, Evaristo Amado, Itziar Reyero, Sonia Barrado, Roberto Pérez, David Martínez, María José Muñoz y Bernardo Sagastume
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