Aguirre: «El caso Ciempozuelos es el mayor escándalo de corrupción»

Esperanza Aguirre celebró ayer la intención del juez de trasladar a la Audiencia Provincial el «caso Ciempozuelos». Era una reclamación que la presidenta de la Comunidad hacía a la mínima que podía durante estos cuatro años que ha durado la instrucción. Ahora, considera que la causa ha llegado a donde tenía que llegar y que los dos ex alcaldes socialistas tendrán que dar muchas explicaciones ante la justicia. «Es el mayor escándalo de corrupción que se ha visto jamás en la política madrileña desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo», comentó la dirigente.

«Por fin —continuó Aguirre—, después de cuatro años se va a abrir juicio oral. Y es que los responsables políticos no podemos utilizar el cargo para enriquecernos económicamente. Eso es lo que entiende el juez en este caso, y por eso se les va a juzgar». Finalmente fue ayer cuando el juzgado de instrucción número 2 de Valdemoro remitió a las partes el auto con su decisión. Se trata de un escrito de 58 folios en el que repasa los cuatro años de investigación.

El juez Teodoro Molino Tejedor mantiene las imputaciones a los dos ex alcaldes de Ciempozuelos (Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro), sus esposas (Elena Berrio y María Jesús Trompeta), la hija del primero (Davinia Torrejón), así como a nueve empresarios relacionados con los ex regidores (Francisco Javier Castillo, José Luis del Olmo, Juan Ángel Muñoz, Francisco Alfonso Méndez, Juan Añover, Francisco Javier Marazuela, Manuel Ramón Martín Peña, Jesús Rey y Fidel San Román). A todos ellos, y al resto de las partes, el juez les da un mes de plazo —«dado el volumen de la causa»— para que puedan presentar escritos de acusación y defensa.

Como ayer adelantó ABC, el juez instructor cree fundamentado que los dos ex alcaldes socialistas imputados, amparándose en su condición de regidores de Ciempozuelos y con facultades urbanísticas en el municipio, se dedicaron al negocio inmobiliario e ingresaron importantísimas cantidades de dinero en paraísos fiscales. También da por válido el famoso contrato de los 40 millones de euros, que Joaquín Tejeiro había pactado cobrar de la inmobiliaria Esprode a cambio de beneficiar a esta promotora en la redacción del nuevo Plan General que se estaba diseñando en la localidad. El juez está convencido de que los dos iban a cobrar tal cantidad de dinero si su «plan» se hubiera rematado como pretendían. Por ello, se les atribuye los delitos de cohecho y blanqueo de capitales.

El juez argumenta en su escrito que entre todos los imputados existen numerosas relaciones societarias e inmobiliarias totalmente injustificadas. Además, se muestra convencido de que tenían un interés muy claro: la aprobación del nuevo Plan General de Ciempozuelos, que preveía la construcción de 17.000 viviendas.