La Justicia declara ilegal la huelga en el metro de Madrid

El juzgado de lo Social número 16 de Madrid ha declarado ilegal la huelga de Metro sin servicios mínimos que tuvo lugar los días 29 y 30 de junio de 2010, según una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press. El magistrado toma esta decisión partiendo de las premisas de que el servicio que presta Metro de Madrid es "esencial" para la Comunidad y se apoya en que los servicios mínimos establecidos para esta huelga (del 50 por ciento) "se incumplieron de manera total". También recoge que los paros de los días 29 y 30 de junio afectaron a 3, 5 millones de viajeros, generaron unas pérdidas por ingresos directos de 5, 7 millones de euros y unas pérdidas totales de 4, 7 millones de euros. "Los días 29 y 30 de junio miles de ciudadanos se vieron impedidos o dificultados para realizar sus desplazamientos en la Comunidad de Madrid , se produjo un caos circulatorio al no poder absorber los transportes públicos alternativos, a pesar de ser reforzados, la demanda de los habitualmente usuarios del Metro", recalca.

Los sindicatos han asegurado que recurrirán el fallo judicial. Portavoces de UGT y Comisiones Obreras se han manifestado disconformes con el hecho de que la sentencia valore que el servicio que presta Metro es "esencial", pero no se defina sobre si los servicios mínimos que se estipularon eran o no "abusivos".

Tras conocer la sentencia, la presidenta regional, Esperanza Aguirre, ha afirmado que ésta supone "un antes y un después" y "quiere decir que nunca más en la Comunidad de Madrid habrá una huelga que no respete los servicios mínimos". La presidenta ha dicho que se trata de "la primera vez en la historia que se declara ilegal una huelga por no respetar los servicios mínimos", por lo que "hay un antes y después de esta sentencia". "Quiere decir que nunca más en la Comunidad de Madrid habrá una huelga que no respete los servicios mínimos", ha añadido, y ha destacado que esto supone "una noticia enormemente positiva para los todos los madrileños". "Es la primera vez en la historia de la democracia que una institución pública impugna una huelga como ilegal y abusiva y la primera vez que la justicia le da la razón", ha añadido, y se ha mostrado "convencida" de que "los sindicatos serios no volverán a incumplir los servicios mínimos" porque saben que si lo hacen "tendrán que atenerse a las consecuencias".