ENERgía
La Audiencia Nacional levanta la suspensión cautelar del decreto del carbón
El tribunal desestima las medidas cautelares solicitadas por las compañías eléctricas y allana el terreno para su aprobación, sólo frenada por el Tribunal de Luxemburgo

La Audiencia Nacional ha levantado la suspensión cautelar sobre el desarrollo del real decreto del carbón. Después de que el Tribunal Supremo desestimara las medidas cautelares solicitadas por Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa a finales del mes pasado, la decisión del tribunal despeja el camino para la entrada en vigor de la normativa, que obliga a las empresas del sector a utilizar mineral nacional subvencionado en sus centrales térmicas. La aprobación del texto depende, únicamente, de lo que determine el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se pronunció en octubre contra la decisión de la Comisión Europea de considerar el decreto compatible con el mercado europeo.
El auto especifica que el levantamiento de las medidas cautelarísimas se debe a un recurso presentado por el abogado del Estado, al que adhirieron posteriormente la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbounión), E.ON Generación e Hidroeléctrica del Cantábrico.
Las compañías eléctricas se opusieron a uno de los puntos del desarrollo normativo: la resolución de la Secretaría de Estado de Energía en la que se proporcionaba a las empresas un plazo de tres días para presentar ante la Comisión Nacional de la Energía (CNE) las solicitudes de compra del mineral autóctono hasta 2012. Las empresas tachaban de «breve» el periodo concedido, que comenzaba con la entrada en vigor de la regulación, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 26 de octubre.
En líneas generales, las empresas consideran que el decreto del carbón resta competitividad a las centrales que queman carbón importado y gas natural (ciclos combinados) y, a la vez, supone una distorsión del mercado eléctrico.
Luxemburgo, último frente
Pese a la suspensión cautelar, las eléctricas ya han efectuado las primeras compras de carbón nacional y el Gobierno, que asegura que las decisiones del Tribunal de Luxemburgo no son vinculantes, ha continuado con la tramitación del decreto.
El coste de 600 millones de euros de las ayudas al carbón y los pagos por capacidad se ha incluido en la planificación de los precios del sistema eléctrico para 2011, lo que ha generado un encarecimiento del recibo de la luz de tres puntos en la última revisión de enero, como reconoció el propio ministro de Industria, Miguel Sebastián.
Mientras tanto, en Luxemburgo, último frente donde se mantiene la batalla jurídica, se celebra hoy una vista oral en la que, previsiblemente, compañías eléctricas y representantes de la Xunta de Galicia se disponen a solicitar la prórroga de la paralización cautelar de la norma. La Comisión Europea podría exponer sus argumentos antes de que la corte decida si mantiene las medidas cautelares. Sin embargo, la decisión definitiva podría demorarse un tiempo considerablemente superior, según fuentes consultadas por Ep.
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