Prisión para seis de los ocho detenidos de SEGI

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha enviado a prisión a seis de los ocho detenidos en la última operación contra la organización juvenil SEGI. Los dos imputados que podrán eludir la cárcel (con sendas f ianzas de 18.000 euros ) son los abogados Haizea Ziluaga y Haritz Escudero.

El magistrado, que ha adoptado esta decisión a instancias de la Fiscalía, ha acordado el ingreso en prisión incondicional de Saioa Zubiaur Urraza, Ainhoa Villaverde Barrutiabengoa, Garazi Autor Pueyo, Eneko Villegas Amezqueta, Izaskun Goñi Juárez y Oihana Lopez Cestao. A todos ellos les imputa un delito de integración en organización terrorista , mientras que a los letrados les atribuye un delito de colaboración.

Según se señala en el auto, los detenidos pertenecían al segundo escalafón de SEGI, a la que se considera cantera de ETA, y habrían asumido la dirección de la organización tras las sucesivas desarticulaciones llevadas a cabo por las Fuerzas de Seguridad, según el Ministerio del Interior.

En el auto de prisión, el juez relata cómo con ocasión de la detención del etarra Ekaitz Sirvent en abril de 2009 en París (Francia), se le intervino un documento que no se trataba de ninguna aportación «personal», sino «orgánica», recuerda Marlaska, que contenía un análisis histórico de la evolución de Jarrai-Haika-Segi. En él se concluía que «esta estructura no estaba cumpliendo eficazmente sus funciones» y se proponían algunas medidas para que Segi tuviera «mayor incidencia social y política (...) y como cantera que permitiera la regeneración del tejido militante de ETA».

Tras analizar de forma pormenorizada la participación de cada imputado en la «trama juvenil» de la banda criminal, el juez concluye que actualmente SEGI está compuesta por una «dirección nacional» subdividida en herrialdes (provincias), eskualdes (comarcas) y «taldes», vinculados a la organización terrorista ETA. De esta estructura formaban parte los detenidos, sobre los que pesa suficiente «material incriminatorio», reza la resolución, derivado de investigaciones policiales, declaraciones, seguimientos y entradas y registros.