El fiscal pide 21 años para el etarra que atentó contra Repsol

El fiscal Luis Barroso ha mantenido hoy su petición de 21 años de cárcel para el miembro del comando "Txirrita" de ETA Balbino Saenz de Olarra por un atentado en 2002 con coche-bomba contra un edificio de Repsol en el madrileño Paseo de la Castellana que se saldó con graves daños materiales. Así lo ha anunciado Barroso al elevar a definitivas sus conclusiones provisionales en el juicio que hoy se ha celebrado en la Audiencia Nacional contra este etarra y que ha quedado visto para sentencia. El juicio ha sido breve porque Saenz de Olarra se ha negado a declarar y a que su abogado ejerciera su derecho de defensa, por lo que el letrado se ha limitado a pedir su libre absolución.

El único contratiempo ocurrido en este juicio se ha producido al inicio de la vista, cuando el fiscal exponía su escrito de acusación, momento en que el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, ha llamado la atención del acusado, con un "¡Balbino, atienda!", porque el etarra no paraba de conversar y de intercambiar miradas y sonrisas con sus familiares entre el público.

Tras esta intervención de Guevara han comparecido los otros dos integrantes del "Txirrita" -Imanol Miner y Mikel San Argimiro-, ya condenados a 20 años de cárcel por este atentado. Ambos han manifestado que el acusado no era compañero suyo y que si en su día declararon que formaba parte de su comando lo hicieron coaccionados por medio de torturas . Por su parte, los peritos expertos en explosivos han confirmado que el artefacto empleado en este atentado estaba compuesto por 20 kilos de cloratita y que su explosión puso en peligro a las personas, aunque no hubo heridos.

Tras estas testificales, el fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones al considerar que ha quedado demostrado que Saenz de Olarra, al que imputa un delito de estragos y de otro de robo (por el coche sustraído para cometer el atentado), participó en los hechos como integrante del "comando Txirrita", al que se atribuyó este atentado. Además le reclama una indemnización conjunta con los ya condenados de 669.000 euros con destino a la Oficina de Asistencia a Víctimas del Terrorismo y a pagar cerca de 59.500 euros a Repsol, además de indemnizaciones para medio centenar de personas que sufrieron daños en sus bienes.