El Banco de España emplaza a las cajas a concluir las fusiones antes de Navidades

El gobernador observó que la reducción de capacidad que se plantea el sector de las cajas de ahorro españolas no se puede producir de golpe, porque antes han de llevarse a cabo los ajustes en las estructuras organizativas. Opina que estos ajustes no debieran chocar con grandes obstáculos y puso a modo de ejemplo la reducción en Caja Castilla-La Mancha, que tras la intervención y posterior asignación al grupo que lidera Cajastur, ha bajado el número de directivos desde 152 a 42. Fernández Ordóñez se felicitó de las ventajas que el sector financiero español ha podido obtener del ‘colchón’ de las provisiones que se vieron obligados a realizar bancos y cajas en tiempos de bonanza, y del ejercicio de transparencia llevado a cabo mediante la publicación de los resultados de las pruebas de solvencia de todas las entidades. Pero añadió que los mercados “juzgan en términos relativos, como se ha visto en el caso de la crisis de la deuda soberana, y por ello aconsejó a las entidades “no sólo aumentar su fortaleza financiera y su rentabilidad, sino hacerlo al menos a la misma velocidad que sus competidores”.La primera jornada del encuentro financiero internacional organizado por Caja Madrid convocó, entre otros ponentes, al consejero delegado de BBVA, Ángel Cano, y a Jaime Caruana, ex gobernador del Banco de España y uno de los principales ‘redactores’ del nuevo acuerdo de capital que, bautizado con el nombre de Basilea III, pretende impedir que se reproduzca una crisis financiera de las dimensiones de la que todavía están sufriendo los mercados globales. Dos gigantes bancarios españoles, BBVA y Santander, defienden que no se les exija más que a sus competidores porque, además de ser grandes, practican una banca típica, del modelo comercial que plantea menores riesgos, y porque su expansión internacional la han afianzado a base de filiales que disponen de capital y recursos propios. Caruana refutó estos argumentos. “El tamaño importa, y mucho”, defendió. Y argumentó que, al margen del riesgo, deben ser considerados de manera especial porque, si se vienen abajo, las consecuencias siempre son mayores. Por ello insistió en que a los “demasiado grandes para dejarlos caer” se les debe exigir mayor capacidad de absorber pérdidas, y en caso de colapso, un plan ordenado para la vuelta a la solvencia o para acudir a un procedimiento de liquidación igualmente ordenado y sin recursos públicos.