La tupida red del «caso Brugal»
Las investigaciones han descubierto una compleja red de relaciones entre empresarios y políticos valencianos

El estallido del «caso Brugal» ha salpicado a casi todos los estamentos de la provincia alicantina y al Gobierno autonómico. El sumario, con más de 18.000 folios que compilan tres años de investigaciones policiales, revela la existencia de una tupida red de presuntas corruptelas para amañar adjudicaciones a cambio de las más variadas contrapartidas en torno a dos figuras centrales: los empresarios Ángel Fenoll, dedicado a la gestión de residuos, y Enrique Ortiz, constructor. Dos empresarios que tienen en común sus fluidas relaciones con administraciones y partidos políticos. Porque el «Brugal» no entiende de colores y se ha cobrado ya dos dimisiones en las filas del PSOE.
Además, Policía y Anticorrupción tienen en el punto de mira a la Diputación Provincial y la adjudicación de la contrata para gestionar los residuos de la Vega Baja (27 ayuntamientos), con la que presuntamente se intentó beneficiar a los dos empresarios, aunque las investigaciones han sacado a la luz diversas ramificaciones con hasta 17 piezas separadas. Las sospechas afectan a los ayuntamientos de Orihuela, Alicante o Callosa de Segura, entre otros, así como a diversas consejerías autonómicas, la Fundación del Hércules y varias empresas. Estos son sus principales protagonistas.
ÁNGEL FENOLL
Especialista en basuras
Es el perejil de todas las salsas en la Vega Baja, donde lleva años gestionando las contratas de recogida de residuos de muchos ayuntamientos. Bien relacionado con el PP de Orihuela desde los tiempos de Luis Fernando Cartagena —ambos fueron condenados por falsificar facturas para quedarse con el dinero de una congregación religiosa en 1993—, también se movía con soltura en la sede del PSOE valenciano. Habitual de los juzgados, provocó el inicio de las investigaciones en 2006, al revelar una grabación —acumuló cientos de cintas sobre sus «negocios» con los políticos de la zona— en la que se aludía a un supuesto soborno en la adjudicación de la recogida de residuos de Orihuela. Antes de ser detenido en 2007, intentó hacerse con el Plan Zonal. Tras adjudicárselo Ortiz, logró que el Consorcio propusiese ubicar la planta de tratamiento en una finca de su propiedad. En su «modus operandi», según el sumario, destacan los obsequios a autoridades y el cobro de favores.
ENRIQUE ORTIZ
Magnate del ladrillo
Constructor de referencia en Alicante capital y buena parte de la Comunidad Valenciana siempre ha mantenido una estrecha relación con el Ayuntamiento de Alicante. De hecho, ya ha pasado antes por los juzgados junto al ex alcalde Luis Díaz Alperi —aunque la causa se archivó— por resultar supuestamente beneficiado en la adjudicación de tres aparcamientos municipales. Dueño del Hércules, suyo es el controvertido «Plan Rabassa» que prevé levantar 13.000 viviendas. Para intentar desbloquearlo, no dudó en recurrir —siempre según el sumario— a sus contactos en el Ministerio de Fomento, e incluso se reunió con José María Pajín, padre de la ministra de Sanidad. El fiscal sostiene que intentó salir beneficiado en la redacción del Plan General de Alicante, pendiente de aprobarse. También intentó tejer una relación de conveniencia con el presidente de la Diputación. A la solvencia de sus empresas en los concursos suma también los obsequios y el cobro de favores. De hecho, el ex portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alicante dimitió el jueves al trascender que le pidió (y obtuvo) un empleo para el hijo de un dirigente socialista.
RAFAEL GREGORI
Amigo e intermediario
Amigo del presidente de la Diputación, tuvo que dimitir como presidente de la Fundación del Hércules CF tras ser detenido por supuestas irregularidades en una de las ramificaciones del «Brugal». Según la Policía, actuó como intermediario entre la Diputación y los empresarios Fenoll y Ortiz, para cerrar un acuerdo en torno al Plan Zonal. Los investigadores consideran que actuaba como testaferro de Ripoll en la recepción de las contrapartidas por amañar el concurso. Jugó un papel esencial, según las conversaciones intervenidas, para que Ripoll revalidase su cargo como presidente provincial del PP en el congreso celebrado en 2008, al captar compromisarios afines y movilizar votantes a favor de su candidatura.
JOAQUÍN RIPOLL
Presidente de la Diputación
El presidente provincial y su esposa han disfrutado, según el sumario, de varias contrapartidas por parte de los dos empresarios. La Policía sospecha que recibieron dos pisos de lujo, además de gozar de las atenciones de Enrique Ortiz que les prestó su yate para unas vacaciones. Ripoll logró que Fenoll entrase en el accionariado de una televisión local afín, que agonizaba en la época en la que se negociaba la adjudicación del Plan Zonal. Está acusado de cinco presuntos delitos, y en el registro a su casa se encontraron 5.600 euros en efectivo. También se investigan movimientos extraños en sus cuentas y posibles irregularidades en otras adjudicaciones dependientes de la Diputación.
El estallido del «caso Brugal» ha salpicado a casi todos los estamentos de la provincia alicantina y al Gobierno autonómico. El sumario, con más de 18.000 folios que compilan tres años de investigaciones policiales, revela la existencia de una tupida red de presuntas corruptelas para amañar adjudicaciones a cambio de las más variadas contrapartidas en torno a dos figuras centrales: los empresarios Ángel Fenoll, dedicado a la gestión de residuos, y Enrique Ortiz, constructor. Dos empresarios que tienen en común sus fluidas relaciones con administraciones y partidos políticos. Porque el «Brugal» no entiende de colores y se ha cobrado ya dos dimisiones en las filas del PSOE.
Además, Policía y Anticorrupción tienen en el punto de mira a la Diputación Provincial y la adjudicación de la contrata para gestionar los residuos de la Vega Baja (27 ayuntamientos), con la que presuntamente se intentó beneficiar a los dos empresarios, aunque las investigaciones han sacado a la luz diversas ramificaciones con hasta 17 piezas separadas. Las sospechas afectan a los ayuntamientos de Orihuela, Alicante o Callosa de Segura, entre otros, así como a diversas consejerías autonómicas, la Fundación del Hércules y varias empresas. Estos son sus principales protagonistas.
ÁNGEL FENOLL
Especialista en basuras
Es el perejil de todas las salsas en la Vega Baja, donde lleva años gestionando las contratas de recogida de residuos de muchos ayuntamientos. Bien relacionado con el PP de Orihuela desde los tiempos de Luis Fernando Cartagena —ambos fueron condenados por falsificar facturas para quedarse con el dinero de una congregación religiosa en 1993—, también se movía con soltura en la sede del PSOE valenciano. Habitual de los juzgados, provocó el inicio de las investigaciones en 2006, al revelar una grabación —acumuló cientos de cintas sobre sus «negocios» con los políticos de la zona— en la que se aludía a un supuesto soborno en la adjudicación de la recogida de residuos de Orihuela. Antes de ser detenido en 2007, intentó hacerse con el Plan Zonal. Tras adjudicárselo Ortiz, logró que el Consorcio propusiese ubicar la planta de tratamiento en una finca de su propiedad. En su «modus operandi», según el sumario, destacan los obsequios a autoridades y el cobro de favores.
ENRIQUE ORTIZ
Magnate del ladrillo
Constructor de referencia en Alicante capital y buena parte de la Comunidad Valenciana siempre ha mantenido una estrecha relación con el Ayuntamiento de Alicante. De hecho, ya ha pasado antes por los juzgados junto al ex alcalde Luis Díaz Alperi —aunque la causa se archivó— por resultar supuestamente beneficiado en la adjudicación de tres aparcamientos municipales. Dueño del Hércules, suyo es el controvertido «Plan Rabassa» que prevé levantar 13.000 viviendas. Para intentar desbloquearlo, no dudó en recurrir —siempre según el sumario— a sus contactos en el Ministerio de Fomento, e incluso se reunió con José María Pajín, padre de la ministra de Sanidad. El fiscal sostiene que intentó salir beneficiado en la redacción del Plan General de Alicante, pendiente de aprobarse. También intentó tejer una relación de conveniencia con el presidente de la Diputación. A la solvencia de sus empresas en los concursos suma también los obsequios y el cobro de favores. De hecho, el ex portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alicante dimitió el jueves al trascender que le pidió (y obtuvo) un empleo para el hijo de un dirigente socialista.
RAFAEL GREGORI
Amigo e intermediario
Amigo del presidente de la Diputación, tuvo que dimitir como presidente de la Fundación del Hércules CF tras ser detenido por supuestas irregularidades en una de las ramificaciones del «Brugal». Según la Policía, actuó como intermediario entre la Diputación y los empresarios Fenoll y Ortiz, para cerrar un acuerdo en torno al Plan Zonal. Los investigadores consideran que actuaba como testaferro de Ripoll en la recepción de las contrapartidas por amañar el concurso. Jugó un papel esencial, según las conversaciones intervenidas, para que Ripoll revalidase su cargo como presidente provincial del PP en el congreso celebrado en 2008, al captar compromisarios afines y movilizar votantes a favor de su candidatura.
JOAQUÍN RIPOLL
Presidente de la Diputación
El presidente provincial y su esposa han disfrutado, según el sumario, de varias contrapartidas por parte de los dos empresarios. La Policía sospecha que recibieron dos pisos de lujo, además de gozar de las atenciones de Enrique Ortiz que les prestó su yate para unas vacaciones. Ripoll logró que Fenoll entrase en el accionariado de una televisión local afín, que agonizaba en la época en la que se negociaba la adjudicación del Plan Zonal. Está acusado de cinco presuntos delitos, y en el registro a su casa se encontraron 5.600 euros en efectivo. También se investigan movimientos extraños en sus cuentas y posibles irregularidades en otras adjudicaciones dependientes de la Diputación.
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