El fraude anula una cuarta parte de los votos de las elecciones de Afganistán
A la tercera fue la vencida y la Comisión Electoral Independiente de Afganistán compareció ante los medios para ofrecer los resultados preliminares de las pasadas elecciones parlamentarias. Tras más de un mes de recuento los responsables de la comisión anunciaron la anulación de una cuarta parte de los votos emitidos por considerarlos fraudulentos (1,3 millones de papeletas de una participación final de 5,6 millones de personas), unas cifras que confirman las dificultades a las que se enfrentan este tipo de procesos en un país como Afganistán y que ahondan en la herida abierta por las elecciones presidenciales de 2009 en las que resultó reelegido Hamid Karzai bajo acusaciones internacionales y nacionales de fraude masivo.
Ahora queda esperar a que la Comisión de Quejas decida sobre las cerca de dos mil “denuncias serias” que han llegado a sus oficinas y en un plazo estimado de tres semanas se darán a conocer los resultados finales y, por tanto, los nombres de los 249 parlamentarios de la nueva Wolesi Jirga, 69 de ellos mujeres.
Tras el desgaste sufrido por los principales actores internacionales en la reelección de Karzai, esta vez la comunidad internacional se limitó a financiar las elecciones, 115 millones de euros, y entregar a los afganos el proceso de inicio a fin. Esta afganización es precisamente la nota positiva que destacan observadores electorales presentes en el país el mes pasado como el español Gabriel Reyes, que formó parte de la misión de Democracia Internacional, que piensa que “el fraude estaba asumido, pero la diferencia entre 2009 y hoy es que al menos la Comisión Electoral Independiente parece estar haciendo su trabajo, al igual que la Comisión de Quejas, lo que supone una nota positiva de cara al futuro”.
El responsable del órgano electoral afgano, Fazel Ahmad Manawi, informó además de que 224 de los más de 2.500 candidatos están siendo investigados por su presunta implicación directa en casos de manipulación de votos. Las cifras dan la espalda a los deseos democratizadores de Occidente y por ello algunos analistas como el profesor William Maley proponen “la creación de una lista negra de defraudadores” que traiga consecuencias como “la dificultad para obtener visas occidentales o la imposibilidad de acceder a puestos diplomáticos” porque existe “un riesgo real de que las elecciones afganas no sirvan nunca para nada”, según explica en su último artículo recogido por el organismo Red de Analistas de Afganistán.
Retirada internacional
El fraude sistemático en las elecciones, imposible de erradicar en un país que ni siquiera tiene censo, y las dificultades de la OTAN para imponerse en el campo militar, con más de dos mil bajas en los últimos nueve años y un número récord de civiles caídos en este 2010, han allanado el camino a una nueva estrategia cuyo eje central es la negociación con talibanes y otros grupos insurgentes opuestos al gobierno de Kabul.
Un diálogo que parece el último cartucho para garantizar una salida del avispero afgano a una comunidad internacional que mantiene el mes de julio de 2011 en la mente, fecha en la que Estados Unidos comenzará el repliegue de sus tropas. Hasta entonces se trabaja contra el reloj para ofrecer la imagen más estable posible del país asiático.
Hamid Karzai es la cara de estas negociaciones y alterna mensajes de agradecimiento con ataques a una comunidad internacional que pese a los millones de euros invertidos “está en Afganistán por su propio interés, no por el de los afganos”, declaró en el Palacio Presidencial a las pocas horas de ver la luz los resultados electorales.
El dirigente, centrado más en la reconciliación nacional que en la formación del nuevo parlamento, parece decidido a llevar adelante la nueva ley que prohibirá empresas de seguridad privadas en suelo afgano a partir de 2011 y por ello desde el ministerio de Defensa insisten que “las fuerzas afganas están capacitadas para asumir la seguridad en el país” . De momento 140.000 soldados del Ejército y 109.000 agentes de la Policía han recibido instrucción y trabajan en las 34 provincias del país, cifras que los entrenadores de la OTAN tratarán de incrementar en los próximos meses.
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