La Policía blinda el lago de la Casa de Campo para evitar nuevos altercados

Centenares de suramericanos regresaron ayer al lago de la Casa de Campo como si nada hubiera ocurrido. El pasado domingo se produjeron graves altercados entre algunos de ellos y efectivos de la Policía Municipal cuando los agentes trataban de evitar la distribución de alimentos sin control sanitario. Cuatro personas resultaron detenidas.

Sin embargo, la situación ayer era totalmente distinta; algo había cambiado, o al menos ésa era la percepción de muchos de los ecuatorianos, habituales en la zona cada domingo desde hace ocho años. «Siempre ha estado la Policía, pero estos días está habiendo más que nunca. Es un acoso constante», pronunciaba apurada Melva, una de las mujeres que en este lugar vende bebidas a sus compatriotas intentando, como otros muchos, obtener un extra económico.

Desde el pasado domingo, cuando se produjeron los incidentes, se ha incrementado la presencia policial para evitar que los inmigrantes accedan a la zona con productos alimenticios para su venta ilegal. En patrulla, en caballo, en moto, a pie..., la vigilancia era constante. Ya en mayo se aumentó el número de efectivos los fines de semana —hasta llegar al medio centenar de agentes— dado el paralelo incremento de la venta ambulante en el lugar, según indicaron portavoces de la Policía Municipal de Madrid.

Los controles en carretera para los vehículos que trataban de acceder al recinto eran continuos. La Policía paraba aleatoriamente a los coches con iberoamericanos en su interior. Tras pedir la documentación se procedía a la exploración del maletero. Si contenían comida, se les incautaba; si no, continuaban. Fueron pocas las furgonetas que se libraron de dicha inspección, ya que es en su interior donde más producto se puede almacenar. Los controles también se realizaron a la salida de la estación de Metro de Lago. Aquellos que llevaban bolsas contundentes eran examinados.

Pese al esfuerzo, la venta de alimentos sin control sanitario siguió produciéndose en la Casa de Campo. Los ecuatorianos consiguían vender sus raciones a sus paisanos. El olor del ambiente no engañaba, y las tarrinas que contenían los caldos tampoco. «No van a conseguir que dejemos de venir aquí y que nos reunamos con nuestra gente. Es el único momento en que podemos degustar nuestros platos», apuntaba Dalinda. La misma se solía sacar 100 euros en un fin de semana gracias a los refrescos con los que comerciaba. «Con tanta policía, ya no se vende nada», afirmaba.

Único ingreso

René vende normalmente medio centenar de tortillas en la Casa de Campo. Sacaba 30 euros de beneficio. Para él es su único ingreso además de los 450 euros que cobra de subsidio. «Llevo 12 años en España, y los últimos tres no he encontrado trabajo. No sale nada. Aún no he podido pagar los 240 euros que me solicitan por los utensilios escolares de mi hija. ¿De dónde saco el dinero?», se lamentaba. «Los policías están respirando encima de nosotros. No hacemos daño. Solo disfrutamos de los nuestros y nos ganamos la vida. Ni robamos ni delinquimos. ¿Por qué esta persecución?», protestaba Hermes, quien acostumbraba vender «chifles» —plátano frito— a un euro la bolsa en el lugar.

El joven matrimonio García acudía ayer al pulmón de Madrid para deleitar a su paladar con los sabores de su tierra. Cada uno portaba un recipiente con caldo de salchichas. «Cuesta mucho trabajo prepararlo en casa. Aquí, por 5 euros podemos tomarlo», comentaba la mujer bajo la atenta mirada de dos policías a caballo. Con esa escena, la misma añadía: «No pienso huir porque esté comiendo en el campo. No me lo van a quitar; lo he pagado. Están tan pesados porque les joroba a los de los bares que compremos entre nosotros y a ellos no. Es un rincón nuestro y va a seguir así, aunque sea bajo mil ojos o 3.000».

Para muchos, la solución pasa porque las autoridades les habiliten un lugar para continuar con sus costumbres. «Que nos cobren, que lleven controles de sanidad, pero que nos dejen disfrutar de lo nuestro», solicitaban.