Diez países de la UE tienen restringida la entrada de rumanos y búlgaros hasta 2013
España no figura en el grupo de socios que, desde la adhesión de estos dos nuevos Estados miembros, limita la libre circulación para evitar la entrada de rumanos y búlgaros pobres
El choque de trenes entre el Gobierno francés y la Comisión Europea ha hecho saltar las costuras de la siempre tensa convivencia entre el derecho comunitario y las competencias estatales como la extranjería, celosamente protegidas por los países. Hasta ahora, visto desde Bruselas, la situación de la población roma en la Unión era abordada desde las políticas de no discriminación y protección de las minorías.
Durante el último quinquenio, la Unión Europea ha concedido a los países del Este hasta 17.500 millones de euros para mejorar la situación de los gitanos en cada país. En países como Hungría, Eslovaquia o República Checa, son recurrentes los ataques de grupos de extrema derecha a asentamientos gitanos.
Visto desde los Estados no orientales de la Unión, la percepción del hecho gitano es diferente, y suena a problema. Las negociaciones de adhesión que culminaron con el ingreso de Rumanía y Bulgaria en la UE en 2007 comportaban dos claras matizaciones.
Por un lado, 14 países entre los que se encontraban Polonia, Eslovenia, Finlandia, Grecia, Portugal o España, aceptaban la plena libre circulación de los ciudadanos de los nuevos Estados miembros de la Unión, sin restricciones de ningún tipo. Pero otros 10 Estados miembros, entre los que se encuentran los más ricos (Bélgica, Alemania, Irlanda, Francia, Italia, Luxemburgo, Holanda, Austria, el Reino Unido y Malta) decidieron imponer restricciones a la libre circulación de rumanos y búlgaros hasta el 31 de diciembre del 2013 .
A pesar de que la libre circulación de personas dentro del territorio comunitario es una de las cuatro libertades fundamentales de la Unión, a la hora de aceptar nuevos miembros del club cada Estado impone las restricciones que estima oportunas. Así, se limita el derecho a la residencia a tres meses si los rumanos o búlgaros (gitanos o no) no tienen un contrato de trabajo o recursos económicos reconocidos y verificables, y se articulan, según los casos, procedimientos específicos de solicitud de permisos de trabajo.
Carácter preventivo
Las restricciones a la libre circulación tenían y tienen un carácter “preventivo” bien conocido: evitar una entrada masiva de rumanos y búlgaros pobres (gitanos incluidos), a la espera de que los 17.500 millones de euros de ayudas, concedidas para paliar la pobreza, permitieran una “integración paulatina” a partir del 2014. Cómo es lógico, los rumanos y búlgaros pobres (gitanos incluidos) no aspiran a instalarse en Escocia ni en Berlín, ni siquiera en Luxemburgo o en Bruselas. Por razones culturales e históricas, sueñan con emigrar a Italia y Francia sobre todo .
Y aquí es donde surge el choque entre el amparo comunitario y las leyes de extranjería, que son potestad exclusiva de los Estados miembros, aunque con algunos elementos de coordinación desde Bruselas en materia de inmigración. Consumada la emigración en caravanas, la instalación de esos inmigrantes pobres, sin recursos, en lugares públicos o privados plantea inmediatos problemas de higiene, falta de integración, educación o asistencia pública . Se trata, en ocasiones, de “mendicidad agresiva” , como la han bautizado desde París, bajo el aplauso inmediato del Gobierno italiano.
Ante tal evidencia, Francia ha recurrido a lo acordado en la negociación del ingreso de Rumanía y Bulgaria en la Unión : expulsar a rumanos y búlgaros en situación irregular, mayoritariamente gitanos, pagándoles el viaje de vuelta a su país, dándoles comida y dinero de bolsillo. De esta forma han salido de Francia ya unos 1.000 ciudadanos de estos dos países, y se han desmantelado cientos de campamentos ilegales.
El choque ha surgido en un desliz del Gobierno galo. Nada impide a un socio de la UE expulsar extranjeros en situación irregular en aplicación del derecho nacional. Pero el enérgico Ejecutivo de Sarkozy se refirió de forma explícita -en la circular enviada en agosto a los prefectos del país (equivalentes a los antiguos gobernadores civiles)- a una orden de expulsión de gitanos rumanos. Y en este punto es en el que, por voz de la comisaria Vivianne Reding, la Comisión Europea ha sacado la tarjeta roja a Francia por vulneración del principio de no discriminación por pertenencia a un grupo étnico o cultural y la prohibición de expulsiones masivas. Cláusulas que tienen primacía sobre el derecho nacional, sobre las que -hasta ahora- la Comisión no se había atrevido a abrir procedimientos de infracción a países grandes. La reacción francesa, claro, fue de indignación: "Así no se habla a una potencia como Francia", dijo el ministro de Asuntos europeos francés.
Se resuelva como se resuelva la pugna enpre París y la Comisión, quedan por responder dos preguntas clave: ¿Dónde han ido a parar los 17.500 millones de euros pagados por los contribuyentes europeos para integrar a los gitanos en sus países de origen? ¿Qué hacer con los gitanos rumanos o búlgaros que no desean vivir en sus países y no tienen derecho a residir en Francia o Italia más de tres meses, si no tienen contratos de trabajo?
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