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Aralar pide a ETA que levante «inmediatamente» las amenazas a cargos públicos

El líder de la formación en Navarra, Txentxo Jiménez, insta a la banda terrorista a que abandone «total y definitivamente la lucha armada de forma unilateral»

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Aunque se encuentra inmersa en pleno proceso de negociación con Batasuna junto a Eusko Alkartasuna (EA), la formación abertzale Aralar pidió hoy a ETA que levante “inmediatamente” las amenazas “contra cargos públicos o personas civiles que desempeñan funciones en las diferentes instituciones”. El coordinador del partido en Navarra, Txentxo Jiménez, instó a la banda terrorista al "abandono total y definitivo de la lucha armada de forma unilateral y sin contraprestaciones políticas". En su opinión, ese paso "daría credibilidad sobre los nuevos tiempos sustentados en el ejercicio de las vías exclusivamente políticas y el reconocimiento de todos y cada uno de los derechos humanos". No obstante, la formación abertzale no hizo referencia algunas en sus declaraciones al cobro del impuesto revolucionario exigido a numerosos empresarios privados.

En un comunicado, Jiménez recordó que Aralar está en contra de la existencia de la “violencia de ETA” y subrayó que el fin de las amenazas "podría ser un gesto positivo y un preludio que permitiese visualizar la aceptación de los movimientos que a favor de la normalización y pacificación definitiva de nuestra sociedad se están dando". Aralar integra Nafarroa (NaBai) junto a EA, PNV, Batzarre y los independientes de la diputada Uxue Barkos. Una coalición que ha dejado atrás ya el carácter plural y abierto con el que nació en 2007 y que está viviendo un proceso de radicalización propiciado por EA y la propia Aralar que se ha hecho especialmente notorio desde que ambas formaciones iniciaron las conversaciones con Batasuna. La concurrencia de NaBai a las elecciones municipales y forales de 2011 con su actual composición corre un serio peligro, ya que los nacionalistas más moderados –especialmente PNV y Batzarre- ya han dejado claro que no apoyan la nueva estrategia política que ambos partidos pretenden imponer a la coalición.

Las palabras de Jiménez llegaron poco después de que ABC revelara la campaña de hostigamiento y desprestigio promovida por Batasuna contra el líder de la formación abertzale, Patxi Zabaleta, con un único fin: “forzar a Aralar al diálogo e intentar ganar adeptos en la Comunidad foral por si logra presentarse a las próximas elecciones”, señalaron fuentes de NaBai. Batasuna siempre ha jugado con el hecho de que ambas formaciones comparten un gran número de electores y simpatizantes, de manera que “éstos jamás aceptarían una negativa de Zabaleta a buscar nuevas vías de acercamiento”, agregaron las fuentes consultadas. Tal vez por este motivo el coordinador de Aralar en la Comunidad foral afirmara recientemente que su partido no contempla “por el momento” presentarse junto a Batasuna en 2011, pero que sí desea llevar los contactos con los proetarras “hasta sus últimas consecuencias”.

Jiménez añadió que la búsqueda de la normalización de la sociedad vasca y española "requiere dar pasos serios y definitivos que permitan comprobar sin ningún tipo de duda la veracidad y convencimiento en la apuesta por dichas vías". “Siendo la razón y prioridad fundamental la erradicación de la vulneración de derechos humanos que estas amenazas suponen sobre las personas afectadas, empezando por el derecho a la vida, esta realidad tiene además consecuencias importantes que mediatizan el día a día de dichas personas y de las instituciones", indicó en la nota difundida a los medios de comunicación.

De igual forma, el máximo representante de Aralar en la Comunidad foral agregó que "no se puede justificar y resulta sangrante el precio que el conjunto de la sociedad tiene que soportar como consecuencia de estas amenazas mediante la derivación de cientos de millones de euros para garantizar la seguridad de personas amenazadas".

A su juicio, "resulta hiriente" cómo en una situación “de grave crisis económica”, en la que se están produciendo “importantes recortes económicos que afectan e influyen en servicios básicos o derechos sociales”, se siguen "distrayendo cientos de millones de euros de nuestros presupuestos y de los del Estado por la existencia de estas amenazas".

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