El PSOE se queda solo en una reforma que mantiene la judicialización de los despidos
Las empresas podrán alegar que «prevén pérdidas» para despedir con veinte días de indemnización
Definitivamente, y después de muchas idas y venidas en forma de enmienda, el Congreso aprobó ayer una reforma laboral que, entre otras novedades, cambia el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores para que una empresa se acoja al despido objetivo (indemnización de 20 días en lugar de los 45 por año trabajado) si acredita «pérdidas actuales o previstas» o «disminución persistente de su nivel de ingresos».
El empresario tendrá que justificar que los despidos favorecen «su posición competitiva en el mercado». Finalmente, los socialistas eliminaron la «falta persistente de liquidez» como causa de despido objetivo, pero eso no impide que los sindicatos hayan calificado de «auténtica aberración» lo aprobado por el Congreso con el voto en solitario de los socialistas.
Otras fuentes, sin embargo, consideran que la reforma final sigue sin dejar bien tasadas las causas del despido objetivo (que supuestamente debería contener) y que vuelve a dejar todo en manos de la opinión del juez. Fuentes jurídicas consideran, incluso, que la reforma «es peor que el texto existente».
La otra gran novedad de la nueva normativa es que los inspectores laborales podrán forzar el alta de un enfermo a partir del cuarto día de baja, no a partir del día 14, como ocurre ahora, con el fin de reducir el absentismo laboral. Y serán los únicos competentes, previo informe del médico de la Sanidad pública y no del de la Mutua laboral, para emitir una nueva baja, si la situación se produce dentro de los 180 días siguientes a la primera baja, y deriva de la misma o similar patología.
Además, se modifican las condiciones del despido por absentismo. Se mantiene en un límite del 20 por cieno de las jornadas hábiles durante dos meses consecutivos, o el 25 a lo largo de cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de un año, aunque rebaja el umbral con el que se calcula en relación con la media de la plantilla: del 5 al 2, 5%.
La abstención del PNV fue clave para que el Gobierno haya sacado adelante una reforma que ahora tendrá que pasar el visto bueno del Senado. Allí se debatirá en la cuarta semana de agosto, con vistas a que, si se introducen enmiendas, regrese a la Cámara Baja para ser votado en Pleno el 9 de septiembre, 20 días antes de la convocatoria de huelga general convocada por los sindicatos.
La Comisión de Trabajo e Inmigración, reunida ayer con competencia legislativa plena (aprobar leyes sin pasar por el Pleno) vivió una jornada caótica por momentos. La denuncia de CiU de que en el dictamen de la ponencia había enmiendas transaccionales no pactadas llevó a suspender la sesión matinal y a empezar de nuevo por la tarde.
Desde un primer momento se vio que CiU no quería saber nada y se abstendría porque considera que esta reforma no sirve. Por eso el Grupo Socialista se fijó en el PNV. Su portavoz, Emilio Olabarría consiguió, a cambio sólo de una abstención que permite salvar la cara al Ejecutivo, una reforma del Estatuto de los Trabajadores sobre la negociación colectiva.
Lamento general
Pero todos los portavoces parlamentarios lamentaron la sesión de ayer, sobre todo por la forma en que el Grupo Socialista llevó las negociaciones de última hora y la falta de tiempo para estudiar los cambios propuestos —33 enmiendas— en una reforma de tal calado. La resultante fue que cada grupo apoyó aspectos puntuales que le interesan, pero ninguno, salvo el Socialista dio su «sí» al conjunto del proyecto.
El portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Trabajo e Inmigración, José Ignacio Etxaniz, justificó el voto en contra del PP porque el proceso vivido fue «improvisado, caótico e histérico» y es de «máxima irresponsabilidad» usar ese método de negociación con una reforma laboral. El portavoz de IU en la comisión, Gaspar Llamazares, que lucía en la solapa un cartel de «sí a la huelga», habló de «día negro» para los trabajadores españoles y lamentó que lo vivido en el Congreso «no haya servido ni para prestigiar la actividad parlamentaria, ni para mejorar» un texto que, a su juicio, «sigue manteniendo la precariedad».
Hasta el portavoz del PNV, el diputado Emilio Olabarría, que con su abstención favoreció la aprobación del texto, reconocía no saber si lo que se estaba aprobando será una reforma «buena, mala o regular».No obstante, agradeció «las aproximaciones» del PSOE sobre las causas del despido objetivo, en referencia a la renuncia a considera la «falta persistente de liquidez como causa para que una empresa se acoja al despido objetivo.
CiU: «Es un acto fallido»
El diputado de CiU Carles Campuzano, sostuvo que el trámite parlamentario solo ha servido para certificar un «acto fallido» porque «nadie se va satisfecho» ya que «cuestiones fundamentales» van a quedar aparcadas, va a haber mucha conflictividad jurídica derivada de la falta de concrección y la aspiración de lanzar un mensaje de confianza a los empresarios y al resto de la sociedad española, «difícilmente se va a producir».
La portavoz del Grupo Mixto Olaia Fernández, reafirmó su convicción de que el proceso de negociación parlamentaria debería haberse aplazado a septiembre con el fin de abordarlo con calma, tal y como solicitó sin éxito ese grupo junto a ERC e IU-ICV.
A pesar de que las críticas habían sido generales, el portavoz del Grupo Socialista en la comisión, Jesús Membrado, centró su ataque en el PP y pidió al portavoz Echániz que deje de hacer «fantasmadas». Más que defender las bondades del nuevo texto, se cebó con el PP y tachó su actitud de «pantomima». Justificó la falta de acuerdo con el principal grupo de la oposición en sus «intereses partidarios».
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