Tras cinco duros años luchando casi en solitario por un juicio justo, con la Junta de Comunidades y la Fiscalía en su contra, la decisión que ayer tomó la Audiencia Provincial cayó como una última losa sobre la mayoría de las familias de los fallecidos en el incendio de Guadalajara. «No hay justicia, se ha impuesto la ley del más fuerte y nosotros en este proceso estábamos en clarísima desventaja frente a la maquinaria de la Administración», resumían desde la asociación que agrupa a la mayoría de los afectados poco después de conocer que quedaban exculpados 17 de los 20 imputados por la juez instructora, entre ellos todos los técnicos y cargos políticos que gestionaron la extinción.
Lo que más indigna a la mayoría de las familias es el hecho de que la Audiencia no haya tenido en cuenta y que ni siquiera haya entrado a valorar ninguna de las pruebas que se han ido presentando durante estos cinco años en el Juzgado de Sigüenza y que llevaron a la magistrada a imputar a los principales procesados un delito de imprudencia grave. «Nada de la investigación de la juez parece haber servido. No les valen ni los testimonios de los pilotos y vecinos que evidenciaban el caos, la descoordinación y la falta de medios; tampoco las llamadas del 112, ni el demoledor informe pericial que presentamos. Nada de eso les vale. Lo único que han tenido en cuenta es la postura de la Fiscalía, que ya sabíamos de parte de quién está», afirmaba ayer la letrada Carmen Martínez de Tejada, quien aseguró que estudiarán la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
En cualquier caso, Martínez de Tejada considera que «el hecho de que no haya relevancia penal no significa que las cosas se hicieran bien. Nos consta que este caso ha cambiado la manera de afrontar los incendios en nuestro país. Solo por eso, nuestra lucha ha merecido la pena».
En efecto, los autos conocidos ayer asumen casi en su totalidad las tesis de la Fiscalía, en el sentido de que no hubo relación de causalidad entre las decisiones tomadas por quienes gestionaron la extinción y los once fallecimientos. Considera que no se les puede hacer responsables de un delito de incendio por imprudencia, porque éste únicamente es imputable a los tres excursionistas que encendieron el fuego y que a la postre serán los únicos que se sentarán en el banquillo. Cabe recordar que entre el inicio del fuego junto a una barbacoa autorizada de Riba de Saelices y la muerte de los once trabajadores forestales en Santa María del Espino transcurrieron más de 24 horas.
Valoraciones políticas
Como es lógico, desde la Junta de Comunidades se celebró el auto de la Audiencia en el que se exculpa, entre otros, a la ex consejera de Medio Ambiente Rosario Arévalo. Fue el propio presidente, José María Barreda, el primero en realizar una declaración elogiando a los magistrados: «Es un auto —señaló— muy técnico y muy bien motivado que deja claro que no hay ningún indicio de delito en las personas a las que exculpa, lo que es la mayor declaración de inocencia a una persona imputada».
Por su parte, la presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, no quiso hacer ninguna valoración hasta no conocer el contenido del auto en profundidad.
