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Los Estados Unidos del «top secret»

El «Washington Post» ha empezado a publicar una crítica radiografía del montaje de seguridad nacional y espionaje creado tras el 11-S

PEDRO RODRÍGUEZ

Ejecutivo, legislativo, judicial y ... el cuarto poder del "top secret". En un alarde de periodismo de investigación, el "Washington Post" ha empezado a publicar una crítica radiografía del montaje de seguridad nacional y espionaje creado por Estados Unidos tras el 11-S. Análisis exhaustivo que presenta la imagen "kafkiana" de un esfuerzo gigantesco, opaco y redundante. Hasta tal punto de que nadie sabe exactamente sus dimensiones, coste o efectividad.

A través de documentos oficiales y contratos, registros de la propiedad, redes sociales y múltiples entrevistas realizadas durante los dos últimos años, el "Post" considera que ha descubierto lo que en la práctica se comporta como un gobierno alternativo. Con el agravante de disfrutar de un fenomenal esfuerzo presupuestario del que se nutren toda clase de entidades públicas y subcontratas privadas.

De acuerdo a esta "exposé" por entregas -completada por una indiscreta base de datos accesible a través de Internet - para el complejo de contra-terrorismo, seguridad nacional y espionaje trabajan en estos momentos 1.271 organizaciones gubernamentales y 1.9131 empresas. Con una mano de obra estimada en 854.000 personas, con autorización para manejar secretos oficiales. Cifra equivalente al 1,5 veces toda la población de la capital de Estados Unidos.

10.000 instalaciones en EE.UU

Una buena parte de ese "boom" de seguridad con 10.000 instalaciones por toda la geografía de Estados Unidos se ha concentrado precisamente en torno a la zona metropolitana de Washington. Según los datos publicados, desde septiembre del 2001, se han construido o se están construyendo 33 centros y edificios dedicados exclusivamente a tareas de seguridad y espionaje. Instalaciones que ocuparían el equivalente a tres Pentágonos, o 17 kilómetros cuadrados.

En el antes y después del 11-S, Estados Unidos ha creado una quinta parte de todos sus esfuerzos anti-terroristas. Lo cual ha supuesto la invención o reestructuración de más de 250 entidades gubernamentales. Desde el 2002, instituciones como la Agencia de Inteligencia de Defensa ha pasado de tener 7.500 empleados a 16.500. Mientras que en el mismo periodo, la Agencia de Seguridad Nacional, encargada del espionaje electrónico, ha duplicado su presupuesto. Pero todos estos esfuerzos no se habrían traducido necesariamente en una respuesta más eficiente a la hora de proteger a Estados Unidos.

Como ejemplo de redundante trabajo, se cita el caso de las 51 agencias y programas, tanto civiles como militares, con responsabilidad en seguir la pista financiera de redes terroristas. También se destaca que los analistas encargados de estudiar documentos y conversaciones obtenidas por los servicios de espionaje americanos generan 50.000 informes al año. Volumen tan ingente que hace que una buena parte de este material sea ignorado de forma rutinaria.

En declaraciones recogidas por el "Washington Post", el propio secretario de Defensa ha venido a reconocer ese desbordamiento burocrático . Según Robert Gates, "ha habido tanto crecimiento desde el 11-S que abarcar todo por parte de cualquier individuo es un reto". En el Departamento de Defensa, responsable de dos tercios de los esfuerzos de inteligencia de Estados Unidos, un puñado de altos cargos ("super users") tienen acceso a todas esas actividades y material. Pero uno de ellos habría llegado a reconocer no tener suficiente esperanza de vida "como para ser informado de todo".

Quizá como prueba de su veracidad, el alegato presentado por el "Washington Post" no ha gustado al gobierno de Estados Unidos, embarcado en sus propios esfuerzos de reforma. El interino director nacional de inteligencia, David Gompert, recalcaba que lo publicado "no refleja" a la comunidad encargada de la seguridad nacional . A su juicio no existen carencias de supervisión pero sí limitaciones sobre la información que se puede compartir con el público. Con insistencia en que todos los esfuerzos realizados desde el 11-S "han mejorado nuestras operaciones, han impedido ataques y están logrado un sin número de éxitos cada día".

Otras fuentes de la Administración Obama han calificado como "problemática" la base de datos ofrecida por el "Washington Post". Con reproches de que podría servir como hoja de ruta para adversarios de Estados Unidos. Pero según ha insistido William Arkin, uno de los periodistas a cargo de esta investigación, "llevamos meses de negociaciones y discusiones con el gobierno y no creo que haya nada aquí que pueda dañar la seguridad nacional; francamente yo soy también un americano y no quiero causar ningún daño a nuestra seguridad".

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