Yo de mayor quiero ser un banco

Fernando Cortés

18/07/2010
Actualizado 21/07/2010 a las 12:34h.

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En 1990 había en España 64 cajas de ahorros, que contaban en total con algo más de 76.000 empleados, 112.000 millones de euros en recursos ajenos y 60.000 millones de euros en créditos. En los veinte años transcurridos desde entonces nuestro país ha cambiado mucho y las cajas, más todavía. Éstas han multiplicado sus recursos por diez, sus créditos por catorce y casi han duplicado su plantilla.

Oficialmente, para el Gobierno, «las cajas cumplen con una función esencial dentro de nuestro sistema financiero y de nuestro entramado social. Desde un punto de vista económico han sido a lo largo de nuestra historia motor del crecimiento, impulsando el fomento del ahorro, la movilización de recursos y la inclusión financiera del conjunto de los ciudadanos. Asimismo se han configurado como un elemento determinante en el acceso al crédito de familias y empresas. Por otra parte, han actuado en beneficio del interés general a través del cumplimiento de su función social. La dedicación de sus excedentes a la dotación de bienes y servicios sociales en los territorios en los que actúan resulta un complemento indispensable dentro de nuestro Estado de bienestar».

Y sin embargo, en los últimos meses el propio Ejecutivo —con la inestimable colaboración del Banco de España— ha ido abonando la idea de que una parte importante de la profunda crisis que padece España sería responsabilidad de las cajas , y que la solución pasaría por una reactivación del crédito que sólo será posible cuando se haya realizado una reforma radical de este sector. El propio José Luis Rodríguez Zapatero en el Debate sobre el Estado de la Nación, celebrado esta semana en el Parlamento, ha insistido en esta misma tesis.

En estos momentos ya hay abierta una oleada de fusiones que dejará el mapa de las cajas reducido a sólo 19 entidades, frente a las 45 existentes en la actualidad. Esa es, no obstante, la parte más visible pero quizá menos importante de todo el proceso. La auténtica clave de la reestructuración se encuentra en el Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros. El texto legal, aprobado el pasado 6 de julio por el Consejo de Ministros, abre la puerta a algo que parecía impensable hace dos décadas: que las cajas se conviertan en bancos, coticen en Bolsa y puedan ser adquiridas por otros competidores.

El argumento esgrimido por el Ejecutivo es que las cajas van a necesitar acudir a los mercados privados para reforzar sus niveles de capital y que eso sólo lo pueden hacer si cuentan con una «organización institucional» capaz de ganarse la confianza de esos inversores. «Los dueños del dinero no están dispuestos a prestárselo a unas entidades que no se sabe muy bien qué son , a quién pertenecen ni quién las controla», señalan fuentes financieras, que reconocen que en las actuales circunstancias, «para obtener financiación es fundamental que tengas una estructura de propiedad transparente, un modelo claro de retribución al accionista y que, además, te sometas al correspondiente control de los mercados. Es decir: es casi imprescindible que seas un banco».

En realidad, la reforma que plantea el Real Decreto ofrece a las cajas tres alternativas: quedarse como hasta ahora —lo cual resulta poco recomendable—, emitir cuotas participativas con derechos políticos o externalizar la actividad financiera de la caja en un banco. La decisión, obviamente, es voluntaria y cada entidad es dueña de elegir su futuro, aunque también aquí hay matices. Por ejemplo, las cajas que han optado por lo que se denomina una «fusión fría» a través de un Sistema Institucional de Protección (SIP) no tienen muchas alternativas. Deberán «bancarizarse» quieran o no, ya que el SIP en el que volcarán su negocio común tendrá legalmente la estructura de un banco.

En estos momentos hay planteadas en España cuatro «fusiones frías» con sus correspondientes SIP. La más avanzada es la de Caja Navarra, Caja Canarias y Caja Burgos, que ya operan bajo la marca Banca Cívica . Ésta comenzó el pasado 1 de julio sus actividades como entidad financiera de servicios plenos, con sus órganos de gobierno ya constituidos. Las tres cajas han integrado en Banca Cívica sus negocios de banca privada, banca de empresas, internacional, desintermediación, seguros y corporación, entre otros. Se trata, además del único SIP que no va a pedir ayudas públicas. Todas las entidades participan de los beneficios del grupo, un 35% el primer año y un 50% los siguientes.

Cajastur, por su parte, ha utilizado su filial Banco Liberta para integrar los activos y el negocio de la antigua Caja Castilla-La Mancha, adquirida después de que ésta fuera intervenida por el Banco de España. Posteriormente, la caja asturiana ha emprendido un proceso de integración, mediante la creación de un SIP, con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), la de Cantabria y la de Extremadura . En este caso, parece que no se utilizará el ya existente Banco Liberta, sino que se creará uno nuevo. Los presidentes y directores generales de las entidades ya han suscrito un protocolo de intenciones posteriormente presentado al Banco de España y aprobado luego por los respectivos consejos de administración. La CAM, sin embargo, ha rechazado algunos «matices respecto a las condiciones de gobierno corporativo» , en concreto lo referente a las facultades que se reservan al consejero delegado del nuevo banco, cargo que ocupará Manuel Menéndez, presidente de Cajastur. La caja alicantina quiere que «la soberanía que ceden las cajas, la reciba y administre el consejo de administración del banco», limitando así de una forma considerable el poder del consejero delegado, aspecto este que no ha gustado en Cajastur, desde donde se apunta incluso la posibilidad de que la fusión se termine frustrando. Afirmación que, obviamente, no ha gustado nada en el Banco de España, que el viernes llamaba a capítulo a los responsables de las dos cajas, a los que instaba a poner fin de manera inmediata a sus diferencias.

Otra de las fusiones ya en marcha que han optado por la fórmula del SIP es la de Cajamurcia, Caja Granada, Caixa Penedés y Sa Nostra. Su banco ya tiene nombre: Mare Nostrum . Estará participado en un 39% por Cajamurcia, 27% Caixa Penedés, 19,5% Caja Granada y 14,5% Sa Nostra. La nueva entidad será la encargada de gestionar los 915,5 millones de euros que las cajas fusionadas han solicitado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.

La cuarta integración que utilizará la fórmula del SIP es la que lidera Caja Madrid y en la que se integran Bancaja, la Caja Insular de Canarias, Caixa Laietana, Caja Ávila, Caja Rioja y Caja Segovia. La entidad madrileña dispone de diversas fichas bancarias que podrían aser utilizadas a tal fin.

De momento, cuatro son los bancos que comienzan su andadura de la mano de las cajas, aunque los expertos consideran que en el medio y largo plazo habrá muchos más. Sin que medien fusiones, la nueva legislación permite a una caja crear un banco, traspasarle su negocio y vender en Bolsa hasta el 50% de sus acciones. Una fórmula que para algunos supone descafeinar el tradicional modelo de cajas de ahorros, pero que, en cualquier caso, permitirá a éstas reforzar su capital, condición indispensable para sobrevivir a la dramática situación actual. En el caso de que la participación de control baje en un momento determinado de ese 50%, la caja estará obligada a transformarse en fundación, cuya actividad quedaría limitada a gestionar la Obra Social, que se nutriría, a su vez, del dividendo cobrado por la participación que mantenga en el banco. «Ése sí sería el principio del fin de las cajas», señalan fuentes financieras.

En cualquier caso, las piezas del interminable puzzle de las cajas empiezan a entrar cada una en su sitio. La última ha sido la adjudicación, el pasado viernes, de la intervenida Cajasur a la Bilbao Bizkaia Kutxa. La entidad vasca superó en el proceso a la andaluza Unicaja y al Banco Sabadell, que también habían optado a hacerse con todos los activos y pasivos de la caja cordobesa. El FROB señaló que la oferta de la BBK , «seleccionada mediante el correspondiente proceso competitivo, asegura la utilización más eficiente de los recursos públicos» y que por esta razón había recomendado al Banco de España que la aceptase.

En ámbitos políticos, sin embargo, se hace una interpretación muy diferente. Fuentes parlamentarias señalaron a EMPRESA que la adjudicación es un claro gesto por parte del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para ganarse el favor del Partido Nacionalista Vasco ante la negoción de los próximos Presupuestos Generales del Estado , que comenzará a la vuelta de vacaciones. El PSOE necesita apoyos para sacar adelante las cuentas del año que viene y esta puede ser una magnífica moneda de cambio. Todo ello con el notable enfado del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, quien ha presionado durante todo el proceso para que el asunto se solucionase «en casa», con la adjudicación de Cajasur a Unicaja.

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