El Gobierno ha enviado a la región 5.000 irregulares desde 2006

Hasta hace escasos meses la llegada de inmigrantes irregulares en patera era un fenómeno desconocido en las costas de la Comunidad. Sin embargo, desde septiembre de 2007, momento en el que arribó el primer cayuco, el goteo en la costa alicantina ha sido constante. Sin ir más lejos, esta semana fueron localizadas en aguas de Alicante dos embarcaciones —una en la playa de Santa Pola y otra a 40 millas de Benidorm— con 21 irregulares a bordo. No son las primeras del verano. En junio llegó otra embarcación al litoral de Santa Pola con una docena de inmigrantes, entre ellos una mujer embarazada.

Según datos de la Conselleria de Solidaridad, en total son 31 las pateras y 298 los inmigrantes irregulares que han logrado llegar a España a través de la costa alicantina durante los últimos cuatro años. El flujo más intenso se dio entre junio y noviembre de 2009: una docena de pateras con 99 sin papeles a bordo en apenas seis meses. No obstante, a estas alturas del verano el año pasado apenas habían llegado siete inmigrantes, mientras que este año, a pesar de que el buen tiempo ha tardado más en llegar, ya son 33. Si se mantiene esa tendencia, las cifras de este verano podrían superar ampliamente a las de años anteriores.

En los últimos meses, la situación se ha visto agravada por los fallos reiterados detectados en el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) instalado en la costa alicantina. Tal y como viene informando ABC, un informe del Ministerio de Interior reconoce las averías en los cuatro radares instalados desde octubre en Alicante y en los que el Gobierno invirtió 8,3 millones de euros.

Desplazados a la región

De forma paralela, la Comunidad Valenciana también ha recibido un flujo permanente de inmigrantes irregulares desplazados por el Gobierno central desde otras regiones —principalmente Canarias, Ceuta y Melilla— en los últimos cuatro años. Desde 2006, las cifras oficiales indican que el Ejecutivo central ha enviado

a la región un total de 5.048 inmigrantes. No obstante, las autoridades locales indican que la cifra podría ser mayor, ya que existen indicios de desplazamientos paralelos que no computan en las cifras oficiales.

Mientras los recursos transferidos por parte del Gobierno a las Comunidades Autónomas para la atención de éstas personas han ido menguando de forma exponencial en los últimos años. En el caso de la Comunidad Valenciana, el Gobierno le ha asignado 7,6 millones del Fondo de Acogida, lo que equivale a 8,58 euros por inmigrante, una cantidad sensiblemente inferior a los 25,9 euros por persona que recibió en 2009.