Los chiringuitos plantan cara al Gobierno para sobrevivir
El Grupo Popular lleva el debate al Congreso para defender la existencia de los 1.800 locales de playa
Acabar con los clásicos chiringuitos de playa no es más que la mínima parte de un entuerto que incluye desde a propietarios individuales hasta a grandes constructores de complejos hoteleros, afectados, todos ellos, por la vigente Ley de Costas de 1988.
«Quienes tengan propiedades situadas a menos de 100 metros de distancia del litoral marítimo, tienen prohibida su venta». Este es el mensaje que trasladaba la ley a todos los dueños de algún inmueble en el litoral español, antes de que la Unión Europea diese un toque al Gobierno de España. El PSOE pretendía materializar la ley para convertir nuestras playas en un espacio público y libre de contaminación visual. Para ello, se atenía al tope de 30 años para uso y disfrute de los propietarios anteriores al año 1988. Después sus pertenencias serían demolidas y, el litoral español adquiriría su belleza original.
El problema surgió a raíz de las numerosas quejas de los ciudadanos españoles y europeos ante las autoridades de la UE porque el Gobierno no les dotaba de las indemnizaciones económicas que establece el derecho comunitario.
El Parlamento Europeo escribió el «Informe Auken», de diciembre de 2008, para expresar su «preocupación y desaliento» por el hecho de que España «haya puesto de manifiesto» que no está «debidamente preparada» para solucionar las «repercusiones de la urbanización masiva en las vidas de las personas».
Su publicación supuso un cambio en la gestión gubernamental de este asunto. Dos meses después la titular de Medio Ambiente, Elena Espinosa, suavizaba «de tapadillo» —la reforma se incluyó en la Ley de Navegación Marítima, competencia de Defensa y Fomento; y sin pasar por el Consejo de Estado— la férrea política que había llevado a cabo su predecesora, Cristina Narbona, y que tanto había incomodado a los dueños. Con esta actualización, los propietarios podían comprar, vender y reformar sus inmuebles, sin tener que pedir permiso a las autoridades.
En el punto de mira
El PP presentó ayer en el Congreso una proposición no de ley en la que insta al Ministerio de Medio Ambiente a mantener los chiringuitos. Indica que «la existencia de alrededor de 1.800 locales con terrazas, supone un elemento de gran importancia en la actividad turística» e invita a la ministra a que dialogue con los sectores afectados para buscar soluciones.
Espinosa anunció ayer que, de un total de 396 locales en las costas de la Comunidad Valenciana, cuyo litoral es el más urbanizado de España, sólo ocho plantean algún «problema».
El consejero de Gobernación de la Generalitat Valenciana, Serafín Castellano, indicó que hay más de ocho chiringuitos amenazados, y recordó que ese sector representa «el 13 por ciento del PIB» de la región.
IGNACIO M. PRADA
Acabar con los clásicos chiringuitos de playa no es más que la mínima parte de un entuerto que incluye desde a propietarios individuales hasta a grandes constructores de complejos hoteleros, afectados, todos ellos, por la vigente Ley de Costas de 1988.
«Quienes tengan propiedades situadas a menos de 100 metros de distancia del litoral marítimo, tienen prohibida su venta». Este es el mensaje que trasladaba la ley a todos los dueños de algún inmueble en el litoral español, antes de que la Unión Europea diese un toque al Gobierno de España. El PSOE pretendía materializar la ley para convertir nuestras playas en un espacio público y libre de contaminación visual. Para ello, se atenía al tope de 30 años para uso y disfrute de los propietarios anteriores al año 1988. Después sus pertenencias serían demolidas y, el litoral español adquiriría su belleza original.
El problema surgió a raíz de las numerosas quejas de los ciudadanos españoles y europeos ante las autoridades de la UE porque el Gobierno no les dotaba de las indemnizaciones económicas que establece el derecho comunitario.
El Parlamento Europeo escribió el «Informe Auken», de diciembre de 2008, para expresar su «preocupación y desaliento» por el hecho de que España «haya puesto de manifiesto» que no está «debidamente preparada» para solucionar las «repercusiones de la urbanización masiva en las vidas de las personas».
Su publicación supuso un cambio en la gestión gubernamental de este asunto. Dos meses después la titular de Medio Ambiente, Elena Espinosa, suavizaba «de tapadillo» —la reforma se incluyó en la Ley de Navegación Marítima, competencia de Defensa y Fomento; y sin pasar por el Consejo de Estado— la férrea política que había llevado a cabo su predecesora, Cristina Narbona, y que tanto había incomodado a los dueños. Con esta actualización, los propietarios podían comprar, vender y reformar sus inmuebles, sin tener que pedir permiso a las autoridades.
En el punto de mira
El PP presentó ayer en el Congreso una proposición no de ley en la que insta al Ministerio de Medio Ambiente a mantener los chiringuitos. Indica que «la existencia de alrededor de 1.800 locales con terrazas, supone un elemento de gran importancia en la actividad turística» e invita a la ministra a que dialogue con los sectores afectados para buscar soluciones.
Espinosa anunció ayer que, de un total de 396 locales en las costas de la Comunidad Valenciana, cuyo litoral es el más urbanizado de España, sólo ocho plantean algún «problema».
El consejero de Gobernación de la Generalitat Valenciana, Serafín Castellano, indicó que hay más de ocho chiringuitos amenazados, y recordó que ese sector representa «el 13 por ciento del PIB» de la región.
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