La familia de Miguel Hernández pide al TS que se anule su condena a muerte

Apenas faltan cuatro meses para que el próximo 30 de octubre se cumpla el centenario del nacimiento del poeta Miguel Hernández y su memoria sigue siendo reivindicada por familiares y amigos. Así, este miércoles, varios de sus allegados y la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alicante pedirá ante el Tribunal Supremo la revisión y también la anulación de la condena a muerte dictada contra el poeta en 1940. Para ello, aportarán nuevos documentos, tal y como explicó en rueda de prensa en Madrid la propia nuera del vate de Orihuela, Lucía Izquierdo. Para Izquierdo, es “insuficiente” la Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal de Miguel Hernández que el Gobierno entregó a la familia el pasado 26 de marzo. La sentencia de muerte fue conmutada por una pena de 30 años que nunca pudo cumplir, pues el autor de “El rayo que no cesa” murió en 1942.

Tal y como informó Enrique Cerdán, integrante de la citada Comisión Cívica, se han encontrado nuevos documentos, en concreto la existencia de otro juicio sumarísimo de urgencia contra Miguel, el número 4.487, desconocido hasta ahora.

Este proceso se desarrolló cuando el poeta, después de ser excarcelado en Madrid, regresó a su ciudad natal de Orihuela, donde fue de nuevo denunciado por diversas personas de la localidad, y se ordenó su ingreso en la cárcel de San Miguel. Sin embargo, en este nuevo proceso numerosos ciudadanos intercedieron a favor del poeta, entre ellos, incluso, el abogado y secretario de la Jefatura Provincial de la Milicia de la Falange y las JONS Juan Bellod Salmerón, que conocía al poeta desde niño. En una carta, que nunca llegó a Madrid y por tanto no se pudo tener en cuenta en el juicio del que resultó la condena a muerte, Bellod decía sobre Miguel Hernández: “Garantizo plenamente su conducta y actuación, así como su fervor patriótico y religioso que se revela por lo demás en la lectura de su producción literaria. No le creo pues en lo fundamental enemigo de nuestro Glorioso Movimiento con cuyos principios le considero identificado por su formación y su temperamento”.

En un plazo de 6 a 9 meses, el Supremo decidirá si admite a trámite la solicitud, según señaló el asesor jurídico de la Comisión Cívica, Carlos Candela. "Creo que tenemos el material que exige la Ley para que sea admitido, se nos escuche y se consiga la anulación de la sentencia", explicó