Ley del Cine, la rebelión de las «majors»

Ya lo adivirtió el director del Institut de les Indústries Culturals (ICIC), Antoni Lladó, cuando la recién aprobada Ley del Cine empezó a ser algo más que uno de los proyectos estrella del tripartito catalán. «Traerá cola, será polémica y tendremos que ver cómo reaccionan las majors», reconoció Lladó, consciente de que, más allá de normas y legislaciones, quienes tienen la sartén del cine por el mango son las grandes compañías norteamericanas. O al menos la tenían cuando, en 1998, el gobierno del entonces presidente Jordi Pujol trató —en vano— de seducir a las majors para que doblasen al catalán la mitad de las copias de las películas más taquilleras.

Ahora, en cambio, la aprobación de la nueva ley parece haberlo cambiado todo y la obligatoriedad de doblar al catalán la mitad de las películas extranjeras que se estrenen en Cataluña podría llevar a las majors a soltar la sartén. Así de simple. «Nadie está obligado a estrenar películas en Cataluña. Lo hacen si es rentable», recordó el presidente del Gremio de Empresarios de Cines de Cataluña, poco después de que el Parlamento aprobase la controvertida ley con los votos del tripartito y de CiU. Desde Fedicine, federación que agrupa a las principales distribuidoras cinematográficas del país, también se ha querido ahondar en esa tesis de que las grandes compañías se mueven estrictamente por criterios comerciales, lo que podría llevar a un futuro en versión original sin subtítulos y con menos títulos circulando por las pantallas catalanas. «Las majors van a reducir el número de películas en Cataluña de manera considerable, y las que vengan mucho que temo que solo serán en versión original sin subtítulos», advirtió el presidente de Fedicine, Luís Hernández de Carlos.

De ahí que, según los distribuidores, a partir del 1 de enero de 2011, fecha en la que entrará en vigor la ley, quizá no haya más remedio que viajar a Zaragoza para poder ver en castellano la enésima entrega de «Piratas del Caribe». O, si uno tiene la suerte de manejarse en el idioma de Shakespeare y, por extensión, de las grandes distribuidoras estadounidenses, aprender a familiarizarse con esa versión tan original que ni siquiera incorporará subtítulos. «Las compañías americanas son absolutamente escrupulosas con el cumplimiento de la ley, y la manera más sencilla de cumplir la ley es no distribuir películas dobladas», aseguró Hernández confirmando ese viejo dicho que asegura que hecha la ley hecha la trampa.

Y es que, para Fedicine, la negativa de las majors a someterse a un sistema de cuotas de doblaje no es una cuestión de cabezonería, sino puro pragmatismo comercial de una industria que ya considera «excepciones históricas» las cuatro lenguas en las que admite doblaje —castellano, italiano, francés y alemán— y que vería en la ley catalana una inagotable fuente de quebraderos de cabeza. «España es el único país del mundo donde se dobla en dos idiomas. Si se deja la puerta entreabierta, las otras comunidades seguirían el mismo camino y sería un dislate tener que doblar a cuatro lenguas», explicó Hernández.

Es cierto que para que eso ocurra aún faltan unos meses y que tanto exhibidores como distribuidores están convencidos de que la ley jamás llegará a aplicarse —«tanto PSC como CiU saben que el próximo gobierno deberá cambiar la ley, obligado por dictámenes comunitarios», reconocen—, pero la aprobación del texto ya ha traído consigo una primera consecuencia: la ruptura del pacto que Fedicine tenía con la Generalitat para doblar al catalán unas 30 películas al año y que convertirá a «Harry Potter y el misterio del príncipe», prevista para mediados de julio, en una de las últimas películas que se podrán ver dobladas al catalán en 2010. El futuro de otros títulos que, como «Toy Story 3», «Astro Boy» y «Shrek, felices para siempre», iban a ser doblados al catalán, no es nada halagüeño.

El enfado de la industria es evidente, pero no solo por considerar que se ha elaborado la ley de espaldas al sector, sino también porque están convencidos de que el texto es una imposición de Esquerra Republicana de Catalunya y una «bandera política». De hecho, distribuidores y exhibidores consideran que el PSC les ha cambiado «como un cromo político» para acabar aprobando un texto que es más «una ley del doblaje al catalán que una ley del cine». Y todo para acabar dando con una «paridad lingüística» que, según Tarrazón, no se corresponde con la realidad: «Si realmente existiese esa demanda, nosotros seríamos los primeros interesados en proponerlo; pero si esa fuese la realidad, no serían necesarias ni cuotas ni sanciones».

Aún así, tanto exhibidores como distribuidores prefieren mostrarse abiertos y dialogantes, aunque reconocen que ahora mismo es «muy difícil» llegar a un acuerdo con el departamento que dirige Joan Manuel Tresserras. Máxime después de ver como la propuesta alternativa del sector, una Red de Cines en Catalán que permitiría alcanzar un 20 por ciento del total de la audiencia, fue liquidada por los representantes del departamento de Cultura con un lacónico «no interesa».