El Ejecutivo regional se aferra al Consultivo pero no cierra la vía del diálogo con la Fecai
El Cabildo de Gran Canaria ha presentado un recurso a tenor del varapalo sufrido por las conclusiones del REF
A pesar del irreconciliable litigio entre la Fecai (Federación Canaria de Islas) y el Gobierno de Canarias, el gabinete de Rivero y Soria no renuncia al diálogo ante el menguado panorama que ofrece en la actualidad el REF (Régimen Económico y Fiscal de Canarias). Sin embargo, el Ejecutivo regional continúa aferrándose al dictamen arrojado por el órgano externo del Consejo Consultivo para minimizar los efectos del reciente recurso presentado ante los tribunales por el Cabildo grancanario.
En este sentido, el presidente del Ejecutivo insular, José Miguel Pérez, anunció ayer tal acción por la vía contencioso-administrativo contra la Resolución 16 de la viceconsejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, de 4 de mayo de 2010, por la que se determinan las entregas a cuenta a realizar a las corporaciones locales con respecto a los recursos del REF. El órdago de Pérez se incrementó con el argumento de que las actuaciones del resto de Cabildos están en estos momentos en trámite, por lo que las fricciones entre la Fecai y la administración autónoma pronostican una más que utópica cicatrización.
El punto de conflicto
Según el texto del decreto presentado ante los tribunales, el Cabildo de Gran Canaria lo hace para «defender la legalidad y los derechos e intereses de esta Corporación», por «infringir la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Autonómica 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tributarias y de Financiación de la Haciendas Territoriales». Asimismo, Pérez recordó que desde la Federación Canaria de Islas se le viene reclamando al Ejecutivo regional 75 millones de euros, a abonar a los cabildos Pérez recordó que desde la Fecai (Federación Canaria de Islas) se le viene reclamando al Ejecutivo regional 75 millones de euros, a abonar a los cabildos y ayuntamientos en aplicación de la disposición transitoria cuarta de la Ley de Financiación de las Administraciones Públicas Canarias. Aunque el erosivo discurso del presidente socialista va dirigido principalmente al consejero de Hacienda, José Manuel Soria, la hoja de ruta del binomio CC-PP sigue canalizándose de manera monocorde en este capítulo, esperando mantener «la voluntad de diálogo» con estas instituciones, tal y como aseguró el portavoz autonómico Martín Marrero.
«Los servicios jurídicos y el Consejo Consultivo le ha dado la razón al Gobierno canario», afirmó el responsable regional de comunicación después de que un aventurado Pérez se lanzara al ruedo mostrando su intención de demandar al Ejecutivo autonómico. Una actitud que se fraguó incluso antes de que el propio Consejo dictaminara su conclusiones.
«El Gobierno canario tiene la solución en su mano, pero dentro hay alguien que hasta el último momento va a intenta ponerle la bota encima de los cabildos», llegó a apostillar el máximo responsable cabildicio en el medio de la batalla dialéctica.
Reivindicaciones «caducas»
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Marrero consideró «poco razonable» que la administración regional«desoiga» a sus propios servicios jurídicos y el dictamen de un órgano «externo» como el Consejo Consultivo. Tanto el primero como el segundo lo califican como una «cuestión caduca».
La voluntad de diálogo se plasma, según él, en que «se continúa reuniendo con normalidad la Comisión Técnica que estudia un nuevo marco competencial en Canarias, y ha habido reuniones de la viceconsejera y los cabildos por la financiación».
La empresa pública
Por otro lado,el portavoz del Gobierno canario justificó el incremento de la empresa pública en Canarias de los últimos años se ha producido por un interés de «conseguir una mayor agilidad en la gestión».
Marrero matizó que este incremento «del volumen del sector público no es un hecho excepcional de la administración canaria y obedecía a una situación muy distinta a la actual. Esto no significa, sin embargo, que no han estado sometidas a una fiscalización», recalcó.
El incremento del sector de las empresas dependientes del Gobierno ha crecido entre los años 2005 y 2008 más de un 43 por ciento, de ahí que las líneas de actuación, tanto del Gobierno como de la oposición estén encaminadas a revisar la creación de nuevas sociedades de similar naturaleza. Por ello El Gobierno canario continúa elaborando un informe, que «está en la recta final y no se demorará muchas semanas», manifestó Marrero, sobre la racionalización de las empresas públicas en las islas y que se aplicará en el Presupuesto de 2011.
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