La Ley de Lenguas de Aragón entra en la lista de espera del TC

La Ley de Lenguas de Aragón, aprobada hace unos meses por las Cortes regionales a propuesta del PSOE y con el apoyo de la Chunta, ya está en la lista de espera de asuntos pendientes de sentencia del Tribunal Constitucional (TC). Entró hace una semana y el pronunciamiento podría tardar tres o cuatro años, es decir, prácticamente el equivalente a toda una legislatura. Once ayuntamientos de las zonas de Aragón limítrofes con Cataluña —los directamente afectados por esta ley que da cobertura al uso del catalán en esos municipios— se han unido en este recurso ante el TC. Consideran que la Ley de Lenguas invade las competencias que les son propias a los ayuntamientos porque, por ejemplo, una instancia ajena a ellos, el Consejo Superior de Lenguas de Aragón, puede cambiar la toponimia de esos municipios o aprobar la doble denominación, en castellano y en catalán. También reconoce a los ciudadanos el derecho a dirigirse a esos ayuntamientos y a ser contestados por ellos en catalán, verbalmente o por escrito.

El senador aragonés del PP Manuel Blasco afirma que, en el caso de la toponimia, un ejemplo lo constituye la localidad turolense de Valderrobres, cuya denominación en catalán sería Val-de-Roures. «Es algo que enerva a los ayuntamientos», afirma Blasco.

El PP promovió este frente municipal contra la Ley de Lenguas, pero al final no sólo se han sumado consistorios gobernados por este partido sino también del PAR, socio de gobierno del PSOE y que en su momento votó en contra de la Ley de Lenguas. Los once que han recurrido al TC son Fraga y Lascuarre, en la provincia de Huesca, ambos gobernados por el PP; Fayón y Nonaspe, en la provincia de Zaragoza, también con alcaldes del PP; y los ayuntamientos turolenses de Valderrobres, La Fresneda, Torre del Compte y Fórnoles, gobernados por el PP; y, Aguaviva, La Codoñera y La Ginebrosa, con alcaldes del PAR.

Incluso ha habido casos de concejales del PSOE que se han sumado a ese rechazo a la Ley de Lenguas, en concreto los ediles socialistas de La Codoñera, según ha destacado Manuel Blasco. Afirma que se espera que más ayuntamientos de las zonas limítrofes con Cataluña se adhieran a este movimiento contra la Ley de Lenguas, aunque no se personarán ante el TC porque el recurso ya ha sido presentado.

Esta norma que aprobaron las Cortes de Aragón fue una apuesta directa del presidente del Ejecutivo autónomo y líder de los socialistas aragoneses, Marcelino Iglesias. El PSOE presentó en solitario el proyecto de ley que sacó adelante con el respaldo de Chunta, un texto en el que evitó hablar de cooficialidad del catalán en Aragón y que trató de diseñar de forma moderada para no generar conflictos. Sin embargo, el mero hecho de que se considere el catalán lengua propia de Aragón disparó la controversia. Quienes se oponen argumentan que lo que se habla en algunos de los municipios próximos a Cataluña no es el catalán oficial, sino una modalidad propia y diferenciada de esas zonas.

Derogación si gobierna el PP

El senador del PP Manuel Blasco considera que, con la Ley de Lenguas, «por la puerta de atrás se está haciendo cooficial el catalán en esas zonas de Aragón limítrofes con Cataluña, algo que choca con nuestro Estatuto de Autonomía, que nosotros pactamos y en el que se hablaba estrictamente de regular las lenguas propias de Aragón».

Ante la tardanza con la que se prevé que el Constitucional resuelva el recurso de competencias, el PP confía en poder zanjar la cuestión de forma más rápida. Si tras las elecciones de mayo del próximo año accede al Gobierno de Aragón, ha anunciado —y así constará en su programa electoral— que derogará la Ley de Lenguas. De momento, ha renunciado a designar al representante que les tocaba en el Consejo Superior de las Lenguas de Aragón.