Del calambre a la asfixia

La sala parecía un escaparate de «El precio justo» todo a cien. O una casa modesta pero rumbosa la mañana de Reyes. La directora general de Consumo de la Comunidad de Madrid, Carmen Martínez, se disponía, rodeada de juguetes y otros cachivaches peligrosos, a dar a conocer las conclusiones del «Primer Encuentro Europeo para la Protección de los Consumidores: Hacia una mayor cooperación transfronteriza en materia de seguridad», celebrado en marzo y organizado por el Gobierno regional. Las conclusiones pasan por reclamar al Instituto Nacional de Consumo (INC) que mejore la clasificación de los riesgos para proteger al consumidor. Instando tanto a un mayor control de las fronteras (más centradas, lógicamente, en drogas e inmigración) como a una clasificación de riesgos igual para todas la comunidades autónomas (ahora mismo se puede dar el absurdo caso de que un producto considerado peligroso en Toledo no lo sea en Aranjuez). «El peligro debe ser igual para todos», reclama la directora general.

El Gobierno madrileño pide «un sistema estatal de comunicación de accidentes con el fin de utilizar los criterios de siniestralidad y reincidencia en la categorización de las alertas», así como un «mayor control de la información de la red de alerta». También apuntó a una mayor responsabilidad «de todos los agentes que tienen acceso a la información de la Red de Alertas Europea (Rapex). Se nos pide una menor introducción de productos en la red de alerta». De hecho, en países teóricamente más civilizados como Alemania, Holanda o Estados Unidos el número de alertas es menor. Es verdad que el índice de peligrosidad va descendiendo y que la mayoría de productos proviene de terceros países (asiáticos fundamentalmente) pero también es verdad que se debe, sobre todo, al control de las autoridades.

Cuando en Madrid se recibe una alarma en menos de dos o tres horas todos los ayuntamientos saben qué producto será retirado. «No tenemos obsesión por introducir alertas, sino por emplear el sentido común. Este año ya ha habido alrededor de 90 avisos», resalta la directora general. En el año 2009 se retiraron 191 productos inseguros o peligroso de 70.000 alarmas recibidas.

De los 278 expedientes sancionadores resueltos el año pasado, la mayor parte lo fueron por seguridad de uso, publicidad engañosa o la no atención de garantía. Carmen Martínez señaló que el 21,47 por ciento de las alertas comunicadas por la Comunidad se refería a artículos de puericultura y juguetes; el 27,22 a electrodomésticos y material eléctrico; el 16,23 a lámparas y otros artículos de iluminación; el 9,95 por ciento a vehículos y accesorios; el 7,86 a la ropa de adultos, y el 3,14 a bicicletas y accesorios. El resto de las notificaciones se referían a encendedores (tenía la directora uno que se encendía con rozarlo), herramientas, productos químicos, material escolar y artículos decorativos.

Como no se trata de velar sólo por el consumidor sino también por el fabricante, la directora general resaltó la importancia de la calificación de riesgo grave: «No puede ser que se decida que todo sea muy grave o grave sin explicaciones». Esa clasificación es fundamental por el impacto económico y de imagen en una empresa, ya que a veces las alarmas son innecesarias. Y «no es lo mismo el choque eléctrico que la falta de información en nuestro idioma». Después de la parte seria llegó el momento en que la directora general enseñó «sus juguetes» a la prensa. Los que asfixiaban, los que daban calambre (choche eléctrico en denominación técnica), los que se hacían añicos (una lámpara infantil), los que intoxicaban…. Y el que todo el mundo se quería llevar: un matamoscas eléctrico. Un «must have», como dicen en las revistas de moda de los bolsos de la temporada. Un accesorio para estar tumbado en la hamaca matando moscas con el rabo. Bueno, con el artefacto, que es como una raqueta que da rampazos y hace ruiditos al freír a los mosquitos.

ROSA BELMONTE

MADRID