A las doce de la noche entrarán en vigor tres leyes. La oposición y organizaciones sociales las llaman "trío de mordazas", porque consideran que vulneran libertades. Lo más polémico es la introducción de algo muy parecido a la cadena perpetua. Se llama prisión permanente revisable y se establece en la reforma del código penal. Prevé que la condena se alargue toda la vida del preso, aunque se revisará su posible libertad cada 25 o 35 años. También se eleva la edad de consentimiento sexual a los 16 años, y se introduce un nuevo delito: la difusión vídeos íntimos, como le paso a la concejal de Los Yébenes Olvido Hormigos. Pero además el nuevo código penal endurece los castigos por maltrato animal o por posesión de pornografía infantil. Un endurecimiento que continua su línea con la ley de seguridad ciudadana. A partir de esta noche será infracción grave protestar frente a instituciones públicas, como pasó en 2012 con "rodea el congreso". También será grave montar barricadas como en las protestas contra los peajes en Cataluña, impedir desahucios o difundir imágenes o datos de agentes de seguridad. Todo esto se penará con entre seiscientos y treinta mil euros. Y con entre cien y seiscientos se castigarán las acampadas como las del 15M, o escalar edificios como hace Greenpeace como el congreso o el senado. Pero es que además la ley se seguridad ciudadana modifica la ley de extranjería para permitir que se pueda echar a los inmigrantes en plena valla: legaliza las llamadas devoluciones en caliente. Y por último, la ley antiyihadista, que el gobierno pacto con el PSOE, permite, entre otras cosas, investigar a gente que haya consultado webs terroristas.
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