Los agricultores aplauden que se pongan «puertas al campo» ante los robos
La reforma del Código Penal considera como delito leve y no como falta las sustracciones en las fincas agrarias
Francisco Javier Sánchez García tiene miedo a lo que pueda encontrarse al llegar al trabajo cada día. Ha nacido y se ha criado en el campo, sector al que sigue dedicándose actualmente, lo que le da tablas suficientes para asegurar que «antes se robaba un pollo o un pavo para comer, pero hoy día los ladrones van a hacer daño». Sabe bien de lo que habla, pues ha sufrido tres robos consecutivos en los últimos años en la finca en la que trabaja como encargado, una explotación de 800 hectáreas dedicada al cultivo de trigo y girasol en el término municipal de Alcalá de Guadaira.
El último delito se produjo hace apenas 12 días, el pasado 21 de enero, cuando «los amigos de lo ajeno» volvieron a entrar en la finca «burlando las cancelas de seguridad, fracturando los candados y rompiendo la malla que cerca la finca» ocasionando destrozos considerables y llevándose un compresor de aire y un equipo cargador de batería, un motor bomba de agua, además de diverso material agrario valorado todo en más de 3.000 euros.
Focos de luz
En esta ocasión, «rompieron varios focos de luz, revolvieron toda la oficina, forzando las puertas de tres viviendas y rompieron los cristales de dos naves, pues iban buscando las llaves para robar los tractores, uno de ellos valorado en más de 100.000 euros, aunque por fortuna no pudieron lograrlo», declara.
Sí que tuvieron más suerte en 2013, cuando «nos quitaron un tractor de más de 80 CV valorado en unos 20.000 euros y aperos de labranza». No obstante, los ladrones no se dieron por vencidos, y volvieron a fijar su atención en la finca en 2014, «llevándose 4.000 litros de gasoil, mil litros de trigo para siembra más un compresor y otros materiales, ocasionando pérdidas superiores a los 7.000 euros».
El encargado asegura que «siempre roban por las mismas fechas, entre los meses de diciembre y enero, y suelen elegir noches de lluvia o de mucho viento, donde cualquier ruido pasa desapercibido».
Francisco Javier afirma sentirse «impotente y desprotegido» ante la «profesionalidad y organización con la que actúan estos delincuentes», y lamenta que la mayoría de los casos denunciados en el campo «casi nunca se resuelven, pese al tiempo que conlleva interponer tales denuncias».
El suyo no es un caso aislado, pues afirma que en una explotación pequeña, de tan sólo 1,5 hectáreas, situada a tres kilómetros de la suya, «también han robado un tractor», por lo que constata que «los robos cada vez tienen mayor dimensión, pues ya no les interesa tanto lo sembrado, sino que buscan la maquinaria más valiosa».
Ante esta situación, los agricultores alzan la voz de alarma y reclaman la necesidad de «poner puertas al campo» para blindarse de las sustracciones en el medio rural, apoyados también por los datos oficiales que confirman que Sevilla es la segunda provincia en el ranking nacional con más atestados por robos en el campo, con un total de 819 denuncias registradas en el primer semestre de 2014.
En este sentido, el sector agrario ha acogido con satisfacción que, por primera vez, la ley regule expresamente los robos que se producen en el campo.
La reforma del Código Penal, aprobada recientemente por el pleno del Congreso de los Diputados, incluye el cambio de tipificación de los hurtos, que pasan a ser considerados delitos leves en vez de faltas.
Así, el documento incorpora un delito de hurto agravado, sancionado con una pena de uno a tres años de prisión, para la sustracción de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se utilizan en su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un grave perjuicio a los mismos.
Igualmente, se prevé también como delito sancionado con la misma pena, la sustracción de conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios de telecomunicaciones, con lo que se intenta paliar el grave problema generado por las sustracciones de cable de cobre.
El nuevo documento contempla las propuestas que la organización agraria Asaja venía demandando desde abril de 2013, que incluyen también la multirreincidencia y la agravación del delito de receptación.
Así, se castigará a los delincuentes habituales, que anteriormente eran condenados por faltas de hurto y ahora podrán ser condenados hasta a tres años de cárcel si anteriormente acumulan condenas por tres delitos patrimoniales.
Compra de bienes robados
El documento no sólo castigará a los ladrones, sino que también dedica un apartado a las personas que compran bienes robados, incluyendo como delito la receptación.
Esta agravación específica por adquirir productos agrarios o ganaderos sustraídos del campo, así como cualquier medio que se emplee en la producción agraria, está sancionada con una pena de uno a tres años de cárcel. La finalidad de esta medida es desincentivar tanto la sustracción de dichos bienes como su venta ilícita.
A la espera de que el nuevo Código Penal tenga la aprobación definitiva tras su envío a la Cámara Alta, la patronal valora la nueva normativa y considera que «supone un avance notable en la protección jurídica de las explotaciones agrarias».
En este sentido, Asaja Sevilla, subraya que «la propia Ley reconoce que estamos ante un grave problema al tratarse de infracciones cometidas en explotaciones en las que resulta difícil adoptar medidas de protección y donde se causa a sus propietarios un perjuicio extraordinariamente elevado, muy superior al que corresponde a la valoración de los productos sustraídos».
Por ello, la organización agraria espera que «la aprobación de este documento, junto a la actuación continuada de vigilancia en el campo que vienen ejerciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que conforman los denominados Grupos Roca, puedan poner coto a la delincuencia que afecta al medio rural en Andalucía».
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