Los ocho pasos en la investigación del Caso de los ERE

Mercasevilla: El origen del caso

Fernando Mellet, director gerente de Mercasevilla, tuvo una reunión en enero de 2009 con empresarios de La Raza, un grupo de restaurantes. En dicho encuentro, Mellet pidió una comisión de 450.000 euros a cambio de conceder a sus interlocutores una escuela de hostelería que se iba a poner en marcha con una ayuda de la Junta de Andalucía de 900.000 euros. Los empresarios de La Raza grabaron la conversación y se la ofrecieron a un alto cargo de la Junta, quien a su vez la entregó a la Fiscalía de Sevilla.

En abril del mismo año, el por aquel entonces líder de la oposición en Andalucía Juan Ignacio Zoido interpuso una querella por presunto delito de cohecho debido a esta petición de comisiones ilegales. El caso fue recayó en el Juzgado de Instrucción número seis y comenzó a ser instruido por Mercedes Alaya. Fue el comienzo del caso ERE. Tanto Mellet como otro directivo de su misma empresa fueron condenados por este hecho, al igual que el entonces delegado de Empleo de la Junta, Antonio Rivas. La propia Junta se posicionó rápidamente como acusación particular.

El ex director general de Trabajo de la Junta fue el primer encarcelado

La magistrada Mercedes Alaya ordenó, en 2011, el ingreso en prisión del ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, al que se acusó de prevaricación, cohecho, malversación, dos delitos de falsedad en documento oficial y uno de falsedad en documento mercantil. Guerrero gestionó durante nueve años el conocido como «fondo de reptiles», utilizado para la financiación de los ERE de las empresas a las que se condecía esta subvención y cuya administración fue supuestamente fraudulenta.

Guerrero fue el primer encarcelado por este caso de corrupción. Estuvo en la cárcel siete meses y en 2013 volvió a prisión durante un par de meses debido a su vinculación con el «caso Heracles».

También ingresó en prisión Juan Francisco Trujillo, el chófer de Guerrero, que declaró que él y el ex director general de Trabajo de la Junta habían gastado alrededor de un millón de euros de las arcas públicas en cosas como cocaína, fiestas, prostitutas, etc.

La «operación Heracles», otra vía de investigación

Esta investigación se podría encuadrar dentro de otro marco del caso ERE, ya que estuvo dirigida contra los intermediarios empresariales y sindicatos que actuaban entre la Junta y los beneficiarios de los ERE. En este sentido, en marzo de 2013 la Guardia Civil puso en marcha un dispositivo a través del cual se detuvieron a veinte personas. Entre las empresas investigadas se encontraban aseguradoras como Vitalia y Uniter. Las entidades podrían contar con unas comisiones muy por encima del precio de mercado a cambio de gestionar los ERE, mientras que la Agencia IDEA era el medio a través del cual, supuestamente, obtenían ingresos las distintas sociedades.

Entre las personas detenidas en esta operación se encontraba Juan Lanzas, uno de los personajes más destacados de la trama. Este ex sindicalista de UGT era apodado «el conseguidor» y, en uno de sus actos AUTOS, Mercedes Alaya le definió como el «verdadero artífice de la constitución de distintos entramados societarios» o el «nexo común en varias de las diferentes líneas de investigación». Los sindicatos quedaron retratados con la operación Heracles.

Lanzas pasó un total de siete meses en la cárcel hasta que, en el mes de noviembre de 2013, pagó su fianza. Un mes antes se desarrolló la segunda parte de la «Operación Heracles», por la cual se detuvieron a un buen número de personas vinculadas con sindicatos que habrían favorecido la tramitación de subvenciones.

Griñán afirmó que su Gobierno era «honrado» y dimitió meses después

Jose Antonio Griñán afirmó en abril de 2013 que podía decir «sin bajar la mirada» que su gobierno era «honrado», además de reconocer que había actuado con «contundencia» y que no iba a «descansar» hasta que se recuperara lo defraudado.

Pocos meses después, el presidente de la Junta dimitió como resultado de la presión que ejerció sobre su Gobierno el caso ERE. Según sus propias palabras, el socialista pretendía «preservar» a la presidencia de la Junta de la «erosión» por el caso. Griñán también habló de la necesidad de un cambio «generacional y de visión» en la política andaluza.

La familia de Ruiz-Mateos también fue encausada

Entre la larga lista de imputados por el caso ERE también se incluyó la presencia de varios representantes de la familia Ruiz-Mateos. Además del patriarca de la familia, seis de sus hijos han sido acusados de diversos delitos. Los primeros de la lista fueron Javier y Pablo Ruiz-Mateos en agosto del año pasado, mientras que el último ha sido Alfonso, quien declaró hace pocos días.

La presencia de la familia Ruiz-Mateos en el caso ERE es debido a que varias de sus empresas recibieron supuestamente ayudas de la Junta para financiar una serie de expedientes de regulación de empleo de forma irregular. El clan mantenía contacto directo con Juan Lanzas, quien se cobraba esta gestión en sobres con billetes de 500 euros y en «especies», colocando a varios de sus familiares como intrusos (personas que cobraban ayudas a pesar de no haber trabajado en estas empresas) en los ERE de Dhul.

La respuesta de los sindicatos, acosar a la jueza Alaya

Las causas que mantiene la jueza contra la financiación ilegal de estos organismos se tradujo en actos de acoso por parte de UGT y CC.OO. En octubre del año pasado la magistrada fue increpada a la puerta de los juzgados sevillanos por más de 200 sindicalistas.

La concentración no contaba con ningún permiso legal y pretendía demostrar el apoyo a un sindicalista detenido por la Guardia Civil que iba a prestar declaración. Antes del encuentro estos colectivos ya habían lanzado duras críticas a la gestión de Alaya en el caso ERE, además de comparar alguna de las detenciones que se estaban produciendo con la época franquista.

Magdalena Álvarez dejó el Banco Europeo de Inversiones por su relación con el caso ERE

La ex ministra fue imputada en el caso, lo que provocó su dimisión como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. A pesar de ello, Álvarez negó que esta fuera la causa de su dimisión y alegó que había recibido «presiones» por parte del Gobierno para precipitar esta decisión.

La imputación de la ex ministra fue aprobada por Alaya, mientras que meses más tarde fue confirmada por la Audiencia Provincial de Sevilla, que desestimó un recurso presentado por Magdalena Álvarez alegando que existen "severas por fundadas sospechas de participación" en el delito de fraude. Además de ello, la jueza también impuso una fianza civil a Álvarez de casi treinta millones de euros.

Las «facturas falsas» de los sindicatos sirvieron para camuflar el uso de subvenciones públicas

Un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fue tomado como referencia por Mercedes Alaya para ordenar la segunda fase de la «operación Heracles» y demostrar una supuesta financiación irregular de los sindicatos a través de la Junta de Andalucía. CC.OO y UGT cobraron 7,6 millones de euros por su labor de «mediación» en los ERE.

La fórmula utilizada eran una serie de facturas falsas por las cuales se utilizaban gran parte de las ayudas recibidas para satisfacer fines personales de UGT y CC.OO. Un ejemplo de ello fue la factura que Termiqui SA (una sociedad instrumental de UGT) giró a Uniter por valor de 69.600 euros.

El concepto fue «asesoramiento jurídico y económico a los trabajadores de los ERE» de la Faja Pirítica de Huelva. La Guardia Civil dedujo que se trataba de un método para camuflar pagos de Uniter para costear manifestaciones y asambleas de los sindicatos. Las empresas pagaban el silencio de los sindicatos para aprobar los despidos.

En el mismo sentido se encuentra la operación «Cirene» de la Guardia Civil, centrada en el desvío por parte de UGT-A de subvenciones de la Junta destinadas a cursos de formación que finalmente los sindicatos empleaban en usos totalmente distintos, como mariscadas, karaokes o alcohol.