David Mendoza Herrarte lleva cinco años encarcelado en Estados Unidos pese a que cuando se aprobó su extradición a aquel país, la Audiencia Nacional puso como condición que debería volver a España a cumplir condena. El preso se ha dirigido ahora a la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados quejándose de que, según denuncia, el Gobierno no ha exigido su repatriación a la administración estadounidense pese a los requerimientos de la Audiencia Nacional.

En el escrito que ha remitido al Congreso, y al que ha tenido acceso Ep, Mendoza, condenado por un delito de tráfico de marihuana, recalca que en el auto dictado en noviembre de 2008 la Audiencia Nacional puso esa condición para conceder su extradición atendiendo al hecho de que la mayor parte de su familia, incluidos sus dos hijos, reside en Gernika (Vizcaya), y que el menor de sus vástagos padece síndrome de down. El recluso, que está interno en una cárcel del Estado de New Jersey, recuerda que el Consejo de Ministros dio vía libre a su extradición en marzo de 2009, especificando que lo hacía con las «condiciones y límites» que había impuesto el tribunal.

Según explica, la Audiencia ha instado en varias ocasiones al Gobierno a urgir a Estados Unidos a «cumplir con lo acordado en el procedimiento de extradición sin más dilación conforme a los tratados internacionales y a las normas básicas de reciprocidad en estos casos». En este sentido, reproduce parte de expediente firmado en noviembre de 2011 por el entonces presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia, Javier Gómez Bermúdez, en el que subraya que en su momento la Sección Segunda de esa sala ya «dejó meridianamente claro que Estados Unidos no tiene responsabilidad de denegar el traslado del condenado a España sin incumplir las condiciones en que fue concedida la extradición».

«Sin ayuda» del Gobierno

«Es por ello -continúa el texto de Gómez Bermúdez- ruego haga las gestiones que estime oportunas ante las autoridades de Estados Unidos para que se dé cumplimiento a la resolución judicial de extradición, pues, de no hacerlo, podrían verse comprometidas futuras extradiciones de España a este país, con el que, hasta ahora existe una fluida y fructífera cooperación judicial».

La familia de Mendoza denuncia que, «aún con todas estas resoluciones firmes» no ha obtenido «la más mínima ayuda por parte del Gobierno» para «hacer cumplir lo ejecutado». «¿Por qué el Gobierno presente no tiene la obligación de cumplir con las resoluciones firmes de sus tribunales?», se pregunta. Después de exponer su situación solicitan ayuda a los «ilustres diputados» para lograr una solución y para que exijan explicaciones al Gobierno por no atender los requerimientos de la Audiencia Nacional. La Comisión de Peticiones del Congreso ha decidido remitir la denuncia de Mendoza al Ministerio de la Presidencia.