En política la legitimidad es la creencia de que las instituciones existentes, a pesar de sus defectos y fallos, son mejores que otras alternativas que se pudieran haber establecido en su lugar. Y la de la Monarquía en España, contra la compulsiva obsesión de unas elites miopes por asentarla en la conducta personal del Rey Juan Carlos durante la madrugada del 23-F, remite a la propia razón de ser histórica de la nación. Postulaba Menéndez Pelayo en su tiempo que lo único que teníamos en común los españoles era el catolicismo romano, aglutinante moral que proveía de cohesión a las gentes de esta península tan propensas desde siempre a la dispersión particularista. Y quizá no le faltara razón a don Marcelino. Pero eso fue hace más de cien años, cuando aún nadie podía ni imaginar el proceso de secularización acelerada que habría de transformar por completo el país. E Iglesia Católica al margen, apenas disponemos de la Monarquía a la hora de buscar algún otro cimiento sólido sobre el que asentar una memoria nacional compartida.

Y es que, en España, la Monarquía no representa una simple forma política del Estado. La Monarquía es mucho más que eso, es una seña de identidad colectiva. De ahí la absoluta pertinencia de que una figura regia encarne la cabeza no del Estado, que también, sino de la nación. No se olvide al respecto que la historia moderna de España es la crónica de un gran fracaso, el de la impotencia del Estado liberal decimonónico, una criatura política tan raquítica como invisible más allá del término municipal de Madrid, para llevar a cabo y consumar su obligación fundamental, esto es, la labor de nacionalizar por completo a la población bajo su soberanía. En un país, éste por más señas, donde el Estado devino inane a efectos de tornar incuestionable su propia existencia futura, nadie podría cumplir hoy la función de identificación simbólica mejor que el Trono. Y nadie significa nadie.