A fecha de hoy no consta que los empresarios se hayan lanzado a contratar masivamente al amparo de la reforma laboral —se verá en los datos mensuales del INEM—, pero sí que 335 trabajadores son ya candidatos a estrenar la nueva fórmula abaratada de despido. Sus respectivas empresas —Saunier Duval, PTM, SMA y Troquenor— han presentado esta semana expedientes de regulación acogiéndose al ambiguo mantra de los «resultados negativos», en algún caso retirando previamente la solicitud efectuada bajo la reglamentación antigua; los gerentes de recursos humanos han deducido con impecable lógica que no tienen por qué pagar 45 días si el flamante decreto ley les permite abonar sólo 20. Esos 335 asalariados van a ser las primeras víctimas, el primer parte de bajas, de un marco legal que acaso acabe a medio plazo facilitando la creación de empleo, pero sin género de dudas va a contribuir en primera instancia a destruirlo.
Al permitir un despido más barato a cualquier empresa en mal momento —cuál no lo está en las circunstancias presentes—, la reforma de Zapatero envía un inquietante mensaje al mercado de trabajo: se puede soltar lastre de trabajadores con mucha antigüedad —por lo general personas maduras— para sustituirlos en un plazo razonable por nuevos contratos aligerados de cargas y presumiblemente suscritos por una mayoría de jóvenes. En esas condiciones, al empresario en apuros que mantenga intacta su plantilla habría que canonizarlo por el procedimiento express, santo subito, en memoria del Papa social León XIII. Mientras los partidos discuten de aspectos colaterales del decreto, como la cláusula de descuelgue de convenios o la formación laboral, en el mercado real se va a producir un ajuste implacable de la mano de obra. Empleados caros fuera, empleados baratos dentro. A la larga puede que las macroestadísticas se compensen incluso favorablemente en términos cuantitativos, pero el drama social está servido para los que vayan a acabar en la calle creyéndose hasta ahora razonablemente protegidos. Y a medio plazo, además, les pueden reducir la prestación de paro. Tiempo al tiempo.
Hagan un cálculo. Hasta ahora despedir a un trabajador por causas no objetivas o improcedentes costaba 45 días de salario por año de permanencia. Aunque siga siendo así en teoría, la ampliación del concepto de objetividad reduce en la práctica la indemnización a 20 días, de los que además el Fogasa va a subvencionar ocho. La operación es sencilla: 45 menos 20, 25; más 8, 33. Ése es el ahorro para la parte contratante (de la primera parte) de un despido según la reforma ideada y aplicada por los que nunca iban a hacer una reforma que abaratase el despido. 33 días; justo la cantidad en la que se establece la indemnización en los nuevos contratos. Curiosa coincidencia, ¿verdad?
