LA mejor vara de medir la solidaridad del Estado constitucional del 78 se llama en estos momentos Guillermo Fernández, y Vara por parte de madre, y es presidente socialista de la Junta de Extremadura. En un momento en que el PP parece cautivado por el hechizo de la luna (de Valencia) de agosto y se ha puesto la camiseta del filonacionalismo para pedir una insólita financiación a la carta de las autonomías, Fernández Vara se ha convertido en inopinado referente de sensatez frente al dislate del confederalismo encubierto que preconiza su propio partido. Que lo haga por la cuenta que le trae, dado que Extremadura puede ser una de las grandes perdedoras del futuro pasteleo financiero a la medida del catalanismo victimista, no resta mérito a su digna defensa de un modelo territorial solidario que el zapaterismo ha dejado de capa caída. Tampoco conviene a Andalucía el nuevo reparto que se perfila y no se escucha a Chaves reivindicar con la necesaria firmeza un marco igualitario de justicia redistributiva; entre los intereses de su tierra y los de su partido, el virrey andaluz casi siempre opta por plegarse a los del segundo.

Aunque sin duda Vara acabará también torciendo el brazo de la disciplina a cambio de alguna compensación que le permita salvar la cara ante sus electores, de momento resulta elogiable la claridad con que habla de las intenciones de sus correligionarios, desenmascarando el propósito del PSC -comandado por el andaluz Montilla- de crear un nuevo modelo de Estado sin pasar por la preceptiva reforma de la Constitución. Si acaso le falta incluir en su denuncia al propio presidente Zapatero, autor por inspiración u omisión de ese designio subrepticio; pero tampoco hay que pedirle a su valentía civil el coraje de propiciar un suicidio político. Por decir lo que está diciendo, el líder extremeño ha sufrido insultos graves y sus conciudadanos han sido objeto de mofas vejatorias, sin que Montilla haya tenido siquiera la deferencia de ofrecerle en privado una disculpa o un gesto de apoyo.

En algunos sectores de Cataluña escandaliza que las escuelas extremeñas dispongan de un ordenador por alumno, pero nadie recuerda que allí no se gasta dinero en políticas lingüísticas, ni en policía autonómica, ni en canales de televisión propios ni en diseños de construcción nacional. Por supuesto que Extremadura, como Galicia o Andalucía, invierte con transferencias de renta, pero proceden de los ciudadanos españoles, no de los territorios que algunos pretenden convertir en sujetos de derechos colectivos. Defender las evidencias del Estado de la igualdad se ha convertido en una excentricidad dentro del propio Partido Socialista; sólo Bono, obispo laico que sermonea por libre desde su seguro púlpito del Congreso, Vara y algún defenestrado como Leguina se permiten recordar los principios morales de la izquierda en este carnaval de falso progresismo en el que cada cual practica la política de trincar lo que pueda con los aliados que sean menester para ello. Todos acabarán, empero, humillando la cerviz de su crítica cuando llegue el momento de votar lo que les manden; por eso sorprende y decepciona que el Partido Popular se enrede en los intereses de sus propias baronías autonómicas y olvide que, hoy por hoy, es la única esperanza de un proyecto homogéneo de nación española.